Román Rodríguez

 

La celebración, cada 8 de Marzo, del Día Internacional de la Mujer, sirve para constatar los significativos avances que se han logrado en el terreno de la efectiva igualdad entre mujeres y hombres. También para reflexionar sobre las dificultades que se presentan en el camino de acabar con cualquier tipo de discriminación. Y, asimismo, para plantear la necesidad de poner freno a posibles retrocesos; como los que se vienen produciendo desde comienzos de la actual crisis económica.

 

En el caso del Estado español y Canarias, el último cuarto del siglo XX supuso un proceso de cambio profundo en la situación de las mujeres. Con su incorporación masiva al mundo educativo y al empleo. Con avances legislativos que habían sido impedidos por la dictadura franquista, como el derecho al divorcio o a la interrupción voluntaria del embarazo, así como el acceso a los anticonceptivos. Con su progresiva y activa presencia en la vida política, sindical o empresarial.

 

La primera década del siglo XXI permitió continuar en esa senda de progreso, con la aprobación de leyes que profundizaban en el camino de la igualdad y que facilitaron, entre otros logros, un incremento sustancial de la presencia de las mujeres en las distintas instituciones públicas.

 

Pero persistían y persisten problemas por resolver. Entre ellos las desigualdades salariales entre mujeres y hombres. Un interesante estudio del sindicato CCOO concluye que la brecha salarial se ha incrementado con la crisis, pasando de los 5.292 de 2008 a los 5.745 euros de 2010, a favor de los hombres. De manera ejemplificadora destacan que una mujer “tiene que trabajar 62 días más que un hombre para lograr la misma retribución salarial anual por un trabajo equiparable”.

 

Violencia

Asimismo, la violencia de género pervive en todo el mundo. La directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, exigió recientemente

“tolerancia cero contra los perpetradores de la violencia de género”, al considerar que es la única forma de “poner freno a los abusos y violaciones que aún sufren las mujeres y niñas”.

 

Michelle Bachelet consideró, asimismo, que aunque se han producido importantes avances en materia legal, estos no son suficientes, al no estar siempre acompañados de una práctica consecuente. “La impunidad es todavía la norma, en lugar de la excepción”, concluyó.

 

No nos encontramos al margen de esa grave lacra. Pese a los avances legislativos, la información, las campañas de sensibilización y los sistemas de protección hacia las mujeres maltratadas. Son decenas de miles las víctimas de la violencia de género en España. Mujeres que pierden su libertad, que sufren continuas humillaciones y que, en numerosos casos, terminan perdiendo su vida. En buena parte de las asesinadas por sus parejas o exparejas no se ha producido denuncia previa, pese a que casi siempre hay una situación de maltrato prolongada en el tiempo.

 

Por eso, han sido muy desafortunadas las palabras de un diputado que ha minimizado el maltrato, ha magnificado las denuncias falsas y hasta ha frivolizado con que el Estado se beneficia económicamente con los casos de maltrato y por eso le conviene inflar su número. Si hay que ser muy responsable con un asunto de este calado, que tanto sufrimiento causa, más aún corresponde hacerlo cuando se trata de un representante ciudadano.

 

Como grave es el intento de contrarreforma conservadora del Ejecutivo de Rajoy que pretende limitar gravemente lo avanzado respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en consonancia con los sectores más ultras de la derecha y la Conferencia Episcopal Española.

 

Aquella “violencia estructural” contra las mujeres embarazadas que se inventara Gallardón no es más que una coartada para modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que con su vigente sistema de plazos da mayores garantías jurídicas tanto a las mujeres como a los profesionales sanitarios, frente a un modelo, el de los supuestos (riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación o malformaciones en el feto) mucho más interpretable, mucho menos objetivo y mucho menos seguro.

 

A peor

La actual crisis económica está afectando especialmente a las mujeres. Por la perdida de empleos y, asimismo, porque constituyen la inmensa mayoría (el 95%, frente apenas un 5% de hombres) de las personas que se ven obligadas al trabajo a tiempo parcial para poder seguir llevando a cabo las tareas de cuidado de sus familias, algo agravado con la falta de apoyo gubernamental a la primera etapa de la educación infantil.

 

Al respecto, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su informe Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, que actualmente las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado, “pero no se ha generado un proceso de cambio similar en la redistribución de la carga de tareas domésticas. Tampoco se ha producido un aumento significativo en la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas; ni se ha logrado reorganizar la vida social”.

 

El retroceso en la Ley de la Dependencia, que se ha ido descapitalizando en los dos últimos ejercicios presupuestarios, no sólo supone una significativa pérdida de empleo en el sector, en buena parte realizado por mujeres, sino asimismo el que estas tareas de cuidado de personas mayores o discapacitadas vuelva a recaer, de manera casi exclusiva, sobre las mujeres.

 

Vivimos, por tanto, un momento muy difícil en el que están retrocediendo algunos de los logros en materia de igualdad alcanzados por las mujeres en las últimas décadas; y otros se encuentran en serio riesgo. Todo ello a consecuencia de las políticas económicas neoliberales que debilitan los servicios públicos, destruyen empleo y empobrecen a la gente. Pero también de planteamientos ideológicos conservadores que pretenden eliminar derechos en materia sexual y reproductiva, que eliminan la educación para la igualdad en los programas educativos e incluso pretenden sin disimulo apoyar a los colegios e institutos segregados.

 

Queda, por tanto, un largo camino para la igualdad. Que exige modificar las actuales políticas antisociales que dañan especialmente a las mujeres y, al tiempo, exige continuar trabajando por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.