Román Rodríguez

 

Los desahucios representan una de las caras más dramáticas de la actual y profunda crisis económica. Constituyen una de las situaciones más dolorosas: la de mayores y niños que se quedan sin hogar, y, encima, en muchos casos manteniendo la deuda con el banco; además, los desahucios vienen precedidos por la pérdida del puesto de trabajo o por una reducción significativa de los ingresos, que imposibilita pagar la hipoteca.

 

Todo eso ocurre en un Estado en el que las erróneas políticas económicas liberales del Ejecutivo del PP hacen que el desempleo no pare de crecer, alcanzando ya la cifra de 6.202.700 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año dada a conocer esta semana. El Ejecutivo de Rajoy reconoce que seguirá aumentando el desempleo a lo largo de toda la legislatura.

 

En el caso canario son 385.600 desempleados en la última EPA, el 34,27% de la población activa, siete puntos por encima de la media estatal; y con un 69% de desempleo juvenil, así como más de 125.000 personas que no perciben prestación alguna. Y con un Ejecutivo canario que, salvo matices, aplica políticas que no se diferencian esencialmente de las del Gobierno central.

 

Cientos de miles de personas han sido desahuciadas en España en los últimos cinco años, una parte significativa en el Archipiélago por el grave retroceso económico y el incremento de la pobreza y la exclusión social. La mayoría de ellas en silencio, en soledad, sin el menor apoyo. Hasta que un movimiento social, Stop Desahucios, las comenzó a convertir en visibles, expresó públicamente el apoyo a las personas y familias en esa situación y, junto a esta solidaridad, puso instrumentos jurídicos para paliar el desahucio y negociar salidas con los bancos que permitan mantener la vivienda.

 

El mérito de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es incuestionable. Desde el activismo y el voluntarismo social, sin apenas medios, han sido capaces de llevar a cabo una extraordinaria labor de defensa de los afectados por esta injusta situación, sensibilizando a la sociedad y logrando colocar este problema en lugar prioritario en la conciencia colectiva y en la agenda política.

Ha servido para demostrar que la sociedad organizada ante preocupaciones que afectan a la ciudadanía, como en el caso que nos ocupa, tiene capacidad para ayudar a que las cosas cambien, influyendo en los gobiernos, aunque algunos de corte conservador, como los del PP, se resistan a modificaciones que toquen a la banca y sus intereses. Logrando, también, que lo que inicialmente era la preocupación de minorías conscientes hoy sea compartido por la mayoría de la gente, como confirman distintos estudios sociológicos.

Parches

Sin embargo, no ha habido decisiones adecuadas en el terreno político e institucional. Ni con el PSOE ni con el PP en el Gobierno del Estado. Sólo parches, como el incremento de la cantidad inembargable en tiempos de Zapatero. O los dos reales decretos ley aprobados por el PP. El primero, el código de buenas prácticas bancarias de marzo de 2012, fracasó por completo y obligó a un segundo real decreto en noviembre que prorroga la permanencia en sus viviendas de personas que no pueden pagar su hipoteca, sin pagar ni un euro, pero sobre la base de una serie de requisitos económicos y sociales prácticamente imposibles de cumplir.

En el camino ha habido otros hechos relevantes. La ley de iniciativa popular presentada por la PAH, con el apoyo de 1,5 millones de firmas, desnaturalizada en su paso por el Congreso de los Diputados. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo denunciando las cláusulas abusivas en el sistema hipotecario español. O las decisiones adoptadas por varios jueces, paralizando las ejecuciones hipotecarias aprovechando resquicios en la ley.

 

A ello se suma el Manifiesto de 500 juristas demandando una dación en pago más amplia que la que recoge el proyecto del Gobierno del PP y la paralización de todos los procedimientos de ejecución hasta comprobar que los contratos de préstamo hipotecario no contienen cláusulas abusivas, así como una regulación generosa del alquiler social.

 

Por nuestra parte, NC en noviembre de 2011 presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias, aprobada por unanimidad, en la que se exigía al Gobierno de España la regulación sobre la dación en pago, posibilitando que la entrega de la vivienda saldara la deuda de las familias con el banco, paralizar los desahucios en marcha y la adopción de medidas de urgencia para evitar que los afectados terminen perdiendo su vivienda.

 

Recientemente lo más relevante ha sido, sin duda, la decisión adoptada por la Junta de Andalucía. Con dos elementos esenciales: que las personas que van a ser desahuciadas puedan mantener durante tres años su vivienda, a través de la expropiación temporal, perfectamente compatible con la Constitución, con un alquiler cubierto al 75% por la administración pública; y, además, la puesta en marcha de medidas para movilizar el parque de viviendas vacías, no el de particulares, sino el de inmobiliarias, entidades financieras, sociedades de gestión de activos o banco malo.

 

El Gobierno de Canarias se ha comprometido, a instancias de comparecencias solicitadas por Nueva Canarias, a tomar medidas similares en nuestra Comunidad, a través de la reforma de la actual Ley de Vivienda. Exigimos que, al tratarse de una auténtica emergencia social, estos cambios legislativos se lleven a cabo rápida y eficazmente.

 

Cierto es que la resolución del problema de la vivienda exige actuaciones globales. Que hay miles de canarios que no están en riesgo de perder su vivienda porque nunca han accedido a una, ni en alquiler ni en propiedad. Que hay miles de jóvenes sin posibilidad de emanciparse y otros que han regresado al hogar familiar tras perder sus empleos.

 

Apoyo

Pero lo más urgente ahora es afrontar los desahucios y movilizar el parque de viviendas. Para ello el Gobierno canario cuenta con nuestro apoyo. Es una medida positiva en medio de las actuaciones erráticas del Ejecutivo y su empeño en no romper con las políticas de austeridad. Las limitaciones de nuestro actual Estatuto de Autonomía impiden que sea tramitada como decreto ley, como sí hizo Andalucía, pero con voluntad y decisión su aprobación debe y puede producirse antes del verano por la vía de la máxima urgencia.

 

Hemos expresado al Gobierno que debe reunirse con la PAH y escuchar sus planteamientos. Y le hemos exigido la máxima diligencia a la hora de aprobar la nueva normativa. Dando prioridad a frenar los desahucios y a la movilización del parque de viviendas vacías, buena parte de ellas rescatadas con dinero público, para acabar con esa situación vergonzosa de miles de viviendas desocupadas y miles de familias sin vivienda. Una situación que se ha agudizado con esta crisis económica que se encuentra aún lejos, muy lejos, de ser superada.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.