Román Rodríguez

El pleno extraordinario del Parlamento de Canarias del pasado jueves confirmó la debilidad del Gobierno y la soledad de su presidente, que no acudió al mismo voluntariamente, sino arrastrado por la oposición. Solo la Agrupación Socialista Gomera (ASG) le prestó, además de su partido, incondicional apoyo. Mientras, los demás grupos fueron extremadamente críticos con su gestión en estos dieciocho meses.

El Gobierno de Canarias ha pasado casi la mitad de la  legislatura en medio de la inestabilidad, los enfrentamientos y las deslealtades internas, liderando su presidente una peligrosa deriva insularista que pone en riesgo el proyecto común de Canarias y generando más desconfianza en la política y en las instituciones. La práctica totalidad de los grupos –PSOE, PP, Podemos y NC, que representan a 675.000 votantes frente a los 165.000 de CC- coincidieron en esas negativas circunstancias y en la responsabilidad directa del presidente.

Decisiones políticas, como el reparto del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) -que se pudo y debió destinar a los servicios públicos fundamentales-, pensadas en clave partidista. No para impactar en la economía y en la calidad de vida de los hombres y mujeres de Canarias. No para disminuir las listas de espera o mejorar la educación sino para tejer una red clientelar de apoyos y potenciar una Canarias insularista, sin proyecto nacional común. Como ha sucedido al trasladar las políticas activas de empleo a los cabildos, decisión rechazada por empresarios y sindicatos e igualmente, con la pretensión de delegar a algún Cabildo las competencias autonómicas de carreteras de interés general.

Con la imposición de un modelo desarrollista que repite los mismos errores del pasado –con leyes como la de las islas verdes o la del suelo-, que renuncian a las competencias exclusivas de la comunidad canaria en materia de ordenación territorial y del medio ambiente, desregulando y fraccionando el gobierno del territorio y posibilitando la colonización del suelo rústico. Olvidando que, entre nuestros principales valores, se encuentran el territorio y el medio ambiente, que sin desarrollo sostenible no hay futuro.

Insularismo e inestabilidad

A la tradicional postura insularista de negarse a cambiar el actual e injusto sistema electoral canario, Clavijo añade un atrevido paso más: convierte a la triple paridad en modelo para repartir los recursos públicos. Desde Nueva Canarias defendemos que los recursos deben ser distribuidos solidariamente atendiendo a los problemas de todos los canarios, a los generados por las circunstancias territoriales y a los que provienen de situaciones socioeconómicas. Adoptando políticas que ofrezcan la máxima equidad.

Manteniendo una actitud prepotente y provocadora con los que eran sus socios. Un día se les llamaba medianeros de Madrid. Otro se les machacaba en los medios de comunicación, como le ocurrió al entonces consejero Morera, con datos tan sesgados como interesados con relación al gasto sanitario. Y siempre, siempre, incumpliendo los términos del pacto PSOE-CC y del repacto que supuso la adenda al mismo. Eludiendo el presidente, de paso, su responsabilidad al frente del Ejecutivo: los posibles aciertos, las cifras y datos positivos eran pretendidamente suyos; los errores, de los consejeros del PSOE.

Con nulo consenso con los grupos parlamentarios de la oposición, perfectamente coherente con quien incumple los acuerdos con sus propios socios de gobierno. Con políticas presupuestarias y fiscales conservadoras, dirigidas a satisfacer los intereses de determinadas minorías. Con incapacidad para captar más recursos para los servicios públicos fundamentales, desaprovechando las posibilidades fiscales que Canarias tiene dentro de su marco competencial. No utilizando, asimismo, lo que se tiene, caso del IGTE.

Dos opciones

Lo único que funciona es lo que no depende del Gobierno. Este es el caso del crecimiento turístico (que también mejoran desde Cataluña a Baleares), beneficiado por la crisis de seguridad en Egipto, Túnez o Turquía, o la relativa buena situación económica de los países emisores, favorecida por los precios del petróleo y los reducidos tipos de interés. Además del hecho de ser un buen destino, por clima, naturaleza, calidad y experiencia.

Y en lo que depende directamente del Ejecutivo, Canarias sigue a la cola. Sucede en la sanidad y en la educación. Se mantiene la crisis de los servicios públicos mientras se extienden los niveles de pobreza y exclusión. Hay un 26% de personas desempleadas según la última Encuesta de Población Activa (EPA) y los bajos salarios y la enorme precariedad laboral incrementan el número de trabajadores pobres.

Tras el pleno extraordinario se abren dos opciones. En primer lugar, un Gobierno en minoría, precario, débil e interino. Y que tenga enfrente a una mayoría parlamentaria diversa y plural que, con diálogo y priorizando lo que nos une, pueda construir en común una agenda alternativa a la del actual Ejecutivo.

En segundo lugar, la opción que siempre he señalado como más probable, un Gobierno de ATI-CC con el PP, de las derechas canaria y estatal, hasta hoy frenado por condicionantes de la política española. Una posibilidad esta última perfectamente legítima, aunque el PP no debiera olvidar que, en la sociedad canaria, se ha venido generando un clima de cambio que, si se ve frustrado, puede tener consecuencias para quienes sean responsables de apuntalar el continuismo de la hegemonía institucional de ATI, a pesar de que representa la tercera fuerza política en votos.

Sea una u otra hipótesis, mayoría parlamentaria de cambio o gobierno conservador e insularista, seguiremos desarrollando la misma oposición firme, rigurosa y alternativa que hemos desempeñado a lo largo de la legislatura.

Con la defensa de una economía puesta al servicio de la mayoría social y de la creación de empleo. Impulsando un modelo de desarrollo sostenible, que respete nuestra naturaleza y nuestro territorio; y que potencie las energías renovables. Con nuestro pleno compromiso a favor de los servicios públicos, por la defensa de más autogobierno y de la reforma del sistema electoral, así como con nuestra permanente lucha por la unidad de Canarias.

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