Román Rodríguez

 

La manifestación de la Diada 2012 constituye un acontecimiento político de una enorme relevancia. Por su carácter masivo (más de un millón de personas) y por la inequívoca consigna de la pancarta que la presidía, ‘Cataluña, un nuevo Estado en Europa’, una nítida apuesta por la independencia que abre una nueva etapa en las relaciones entre esa Comunidad y el Estado. Se trata de una Comunidad de un enorme peso demográfico, más de siete millones y medio de habitantes, con un elevado desarrollo industrial y que supone casi el 19% del PIB español; y con un contrastado sentimiento nacionalista.

 

La historia de España ha estado salpicada de conflictos territoriales mal resueltos. La transición iniciada tras el fin de la dictadura franquista posibilitó un importante avance descentralizador y sentó las bases para una convivencia desde el consenso, el respeto a la diversidad y reconociendo el carácter plurinacional y complejo del Estado español.

 

El peso del independentismo en Cataluña ha crecido de forma muy significativa en los últimos años. Son muchos los factores que influyen en ello. Y algunos tienen mucho que ver con los excesos del nacionalismo español que representa el PP y determinados medios de comunicación mesetarios.

 

El Estatut, democráticamente aprobado en 2006 por el Parlamento catalán de manera muy amplia, 120 votos a favor de los 135 diputados que lo integran, así como por las Cortes Generales, y ratificado posteriormente en referéndum por la ciudadanía, fue atacado desde numerosos frentes y llevado por el PP al Tribunal Constitucional, donde sufrió un relevante recorte. Lo que ha generado frustración entre los catalanes y el sentimiento de que el marco actual imposibilita su adecuado encaje en el Estado español.

 

Se suman a esto campañas de boicot a los productos catalanes y declaraciones de dirigentes de otras comunidades muy desafortunadas y que obvian una verdad clara: Cataluña, por su potencial económico, aporta mucho más de lo que recibe. Y atacando incluso a su identidad cultural y lingüística, reconocida por la Constitución del 78.

 

Conflicto

Además, y en la etapa más reciente, el PP viene actuando de manera poco responsable, generando conflicto en la vida política y social, demonizando a los servicios públicos, a los funcionarios, a los sindicatos, a los inmigrantes, a los desempleados, a los ayuntamientos…Y a las comunidades autónomas, responsabilizándolas injustamente de la situación económica, que tiene su origen, entre otros factores, en el endeudamiento privado; y que, en el caso de lo público, pese a corresponder a las comunidades la gestión de los grandes servicios, educación y sanidad, es mayor el endeudamiento del Estado que el de las nacionalidades y regiones. Generando los conservadores españoles un explosivo cóctel en una mezcla de la crisis económica con los problemas territoriales.

 

Ahora, y tras la democrática, masiva, pacífica y soberanista movilización del 11 de septiembre, el marco se ha modificado. Desde la Generalitat se señala que ya no es suficiente el Pacto Fiscal que reclaman al Estado y que el PP despreció desde la altanería de su mayoría absoluta en las Cortes, aunque el presidente Mas señaló que por mandato del Parlament está obligado a trasladar esa propuesta de Pacto Fiscal a Rajoy. Un Rajoy que también se equivoca al calificar de “algarabía” una movilización masiva y que ha tenido repercusión internacional.

Salir de la actual encrucijada no va a ser fácil. Exige diálogo y decisiones democráticas que probablemente precisen en última instancia de modificaciones en la Constitución Española que no deberían asustar a nadie. Recordemos que en septiembre de 2011, al margen de la opinión y el conocimiento de la ciudadanía, se realizó una importante reforma constitucional en quince días, modificando el artículo 135 de la Constitución para introducir al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico estrictas limitaciones a las finanzas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar la economía y desarrollar el Estado social. Y en este caso se hizo al dictado de gobiernos e instituciones extranjeras no refrendadas democráticamente por la ciudadanía española.

 

Canarias, peor

Muchos me han preguntado estos días si se parece algo la situación catalana a la canaria. Vayamos por partes. Respecto al trato que recibimos del Estado la respuesta es clara: es mucho peor el tratamiento que recibe nuestro Archipiélago, 800 millones anuales por debajo de la media estatal, decisivos para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Fruto de una mala financiación autonómica que en su momento denunciamos en solitario desde Nueva Canarias y que fue ratificada por el Gobierno de Canarias integrado entonces por CC y PP con el Ejecutivo estatal de Rodríguez Zapatero.

 

Además, también recibimos mucho menos en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (264 millones de euros por debajo de la media en los de este año 2012) , ayer con el PSOE y hoy con el PP, incumpliendo sistemáticamente nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). No se están atendiendo nuestras peculiaridades, con graves recortes en materia de subvención en materia de transporte de mercancías o desalación de aguas; y amenazan con disminuir la vigente subvención al tráfico de pasajeros. Asistimos, asimismo, a un verdadero desprecio del Gobierno de España a las ciudadanos de Canarias y a sus instituciones.

 

Pese a ello no se pueden hacer fáciles paralelismos. Aunque nuestra situación es mucho más grave que la de Cataluña, no existe en nuestra tierra el grado de cohesión y reivindicación nacionalista en el conjunto de la sociedad civil: empresarios, sindicatos, colectivos culturales… Ni tampoco la firmeza en el plano político. Con un Gobierno mucho más débil y unos partidos que no están a la altura de las graves circunstancias que atraviesa el Archipiélago. Y con una representación política en el Congreso en la que trece de los quince diputados pertenecen a partidos centralistas.

 

Frente a la realidad de ese maltrato permanente a Canarias y la gravedad de nuestra situación económica y social, con más del 33% de desempleo y una creciente pobreza, desde Nueva Canarias hemos venido defendiendo la constitución de un frente amplio entre organizaciones políticas, sociales, sindicales y económicas, con visión de futuro y sin sectarismos. Con el objetivo de alcanzar una salida a la crisis económica canaria que permita generar crecimiento, empleo y mantenimiento de los servicios públicos.

 

Este frente social también tiene que hacer entender al Gobierno de España y a Bruselas que las medidas que se están tomando frente a la crisis están llevando a Canarias al desastre, a alcanzar los 400.000 desempleados, a incrementar mes a mes el número de parados que no reciben ningún tipo de prestación y que se acercan o se encuentran ya en la exclusión social y la pobreza. Creo que ese es el camino, el de construcción de un amplio frente social, y no el de emular artificialmente procesos que se parecen poco. En Canarias existen más razones para la movilización pero menos condiciones y ese es el trabajo unitario y argumentado que corresponde realizar en el próximo período.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canaria