Román Rodríguez

La crisis económica está siendo devastadora para la vida de mucha gente en el Sur de Europa y, de manera especial, en Canarias. Personas, de distintos ámbitos laborales, trabajadores no cualificados pero también pequeños empresarios y profesionales con formación universitaria, que han visto como todo se hundía a su alrededor tras perder el empleo. Obligadas en muchos de los casos a cubrir sus necesidades cotidianas más básicas gracias al apoyo solidario que les ofrecen familiares y amigos o el que prestan distintas instituciones de carácter benéfico.

Entre las manifestaciones más extremas de la pobreza se encuentran los desahucios de la vivienda, los cortes de luz por impago en hogares, el incremento de asistencia a los comedores gratuitos o el papel cada vez más relevante de los bancos de alimentos.

El principal elemento de ese empobrecimiento es la pérdida del empleo. Según Eurostat, la oficina de estadística europea, España ya ha superado los seis millones de desempleados, cifra que ratificará la Encuesta de Población Activa (EPA) de este cuarto trimestre de 2012, que conoceremos a finales del mes de enero. Canarias rondará, con toda seguridad, los 400.000, por encima del 34% de parados.

La razón principal del incremento de la pobreza es la cantidad de desempleados que hay en Canarias (378.200, según EPA tercer trimestre de 2012), el que la tasa de paro vaya creciendo continuamente (ya está en el 33,6%) y que el 53% de los parados son de larga duración, que van progresivamente perdiendo las ayudas al desempleo; así como la extensión de los hogares con todos sus miembros activos en desempleo.

En 2013 habrá más destrucción de empleo, especialmente, en las administraciones públicas. A lo que ayudarán unos Presupuestos Generales del Estado y unas cuentas públicas de Canarias en las que hay sólo recortes. Y en las que se sigue cercenando a los servicios públicos, lo que se traducirá en pérdida de calidad en sus prestaciones (aumento de listas de espera o mayor masificación de las aulas) y, también, en pérdida de empleo en Sanidad, Educación o atención a nuestros mayores y discapacitados. Unos presupuestos que, además, deprimen a la economía por la práctica desaparición de las inversiones públicas y, asimismo, de las ayudas a los distintos sectores económicos.

Sin techo
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi la mitad de las personas sin hogar en España llevan más de tres años en esa situación; y un tercio de ellas ha perdido su casa en este año. Las causas principales son la pérdida del empleo (45%), no haber podido hacer frente a los pagos de la vivienda (26%) o la separación de la pareja (20%), aunque en la mayoría de las ocasiones se mezclan varios de estos factores.

Los desahucios continúan a la orden del día, en ocasiones con trágicas consecuencias. Y la legislación aprobada por el Gobierno central es claramente insuficiente, afectando solo al 10% de los casos de desahucio. Ha faltado voluntad y determinación política para afrontar este grave problema y, una vez más, parece que se han impuesto los intereses bancarios por encima de la protección de los derechos de los ciudadanos.

Intermón Oxfam destacó recientemente que, de continuar los gobiernos con las actuales políticas de recortes y austeridad, España alcanzará en 2022 los 18 millones de pobres, el 38% de su población, seis millones de pobres más que en 2012.  En Canarias en el año 2008, al principio de la crisis, la tasa de riesgo de pobreza era del 24,8%, 5,2 puntos por encima de la media estatal; en 2011 ha subido al 33,8%, 12 puntos más. Es decir, no solo se incrementa el porcentaje de población en riesgo de pobreza sino que se amplía considerablemente la brecha con la media del Estado.

Además, según UNICEF, el riesgo de pobreza infantil en Canarias alcanza el 38,2%, 12 puntos por encima de la media estatal. Más de 112.000 niños y niñas de las Islas viven hoy en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza.

Ante la gravedad de la situación, hemos sido muy críticos con los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2013, porque no dan respuesta a una situación económica que está abocando a la pobreza a nuevos sectores sociales y agravando la exclusión de los que ya eran vulnerables. De hecho, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2013 los programas del área de acción social, tomados en conjunto, disminuyen en 16,6 millones, un -6,3%, situándose el presupuesto para esta materia en 247 millones de euros, de los más bajos de las comunidades autónomas.

El programa de “fomento de la inclusión social” que financia la Prestación Canaria de Inserción (PCI) disminuye en 2,3 millones de euros y la partida de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, que se transfiere a los ayuntamientos para la gestión de la PCI, disminuye en 2,5 millones, una drástica reducción del 56,2%. Además, no existen partidas para afrontar un imprescindible Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social que dé respuesta a la creciente pobreza que sufre Canarias, con la implicación de todas las administraciones, con medios suficientes; y algo muy importante: garantizando la dignidad de las familias y personas afectadas.

Plan de choque
En este contexto social, Nueva Canarias ha presentado un conjunto de enmiendas, tanto al articulado como a los gastos financieros, para que los Presupuestos de Canarias 2013 atiendan especialmente a las personas más vulnerables. Una de las enmiendas propone una señal presupuestaria para el inicio de un nuevo proyecto específico, el Plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, dotado con 4.399.580 euros, reduciendo o eliminando para ello distintas partidas hoy dirigidas a publicidad o celebraciones.

Asimismo, presentamos otra enmienda, por un millón de euros, a transferir a los ayuntamientos para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (destinada a las personas y hogares sin ningún tipo de recursos y que tramita el personal especializado en esta tarea de los ayuntamientos), que se ha reducido en 2,5 millones en los presupuestos.

Incluimos además otras enmiendas transversales dirigidas a aliviar la situación de los más desfavorecidos: incremento de partidas para ONGs dedicadas a la atención de personas necesitadas, mejora de las subvenciones a los comedores escolares, reposición de la partida para libros de texto para familias con bajos niveles de renta…

Siendo plenamente conscientes de que se trata de imprescindibles medidas paliativas en esta situación de auténtica emergencia social. Pero, también, de que la solución definitiva, de fondo, pasa por profundos cambios en las actuales y fracasadas políticas, procediendo a impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo en Canarias, así como potenciando los servicios públicos, que contribuyen significativamente a un mayor nivel de protección y de equidad.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.