Román Rodríguez

 

Las políticas económicas que se vienen aplicando en la actual crisis se basan exclusivamente en unos ajustes fiscales que, además, han puesto todo su peso en los recortes, no en la captación de ingresos. Así, en Canarias se han detraído 3.643 millones de euros en los últimos cuatro años y, en el mismo período, sólo se aumentarán los ingresos, en el mejor de los casos, 500 millones por aumento de impuestos. De cada 8 euros de ajuste fiscal, siete son por recortes y uno por aumento de ingresos.

 

No comparto las políticas de recortes y sus fracasados resultados que empobrecen a la sociedad. He insistido en que deben ser sustituidas por políticas de estímulo que impulsen la economía y el empleo. Y, al tiempo, considero que hace falta una profunda reforma del sistema fiscal y la persecución del fraude fiscal y laboral, así como de los paraísos fiscales, que han vuelto a la actualidad informativa con la publicación de datos de esos 130.000 evasores fiscales repartidos a lo largo del mundo, entre ellos más de un millar de españoles, con fondos colocados en las Islas Caimán, Samoa o Singapur.

 

El elevado fraude fiscal y laboral afecta a la equidad y a la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Es un asunto siempre relevante para los ingresos fiscales. Pero más aún cuando éstos son escasos, como ahora. Todos los datos apuntan a que la crisis ha incentivado el crecimiento de la economía sumergida y, por tanto, el fraude fiscal y laboral.

 

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) para 2009 la economía sumergida en Canarias se situaba en el 28,7% del PIB (11.653 millones de euros), 5,4 puntos por encima de la media estatal. De ellos, 7.715 millones proceden del fraude fiscal (dinero o bienes ocultados a Hacienda) y 3.937 corresponden a fraude laboral (trabajos contratados sin mediar alta en la Seguridad Social). Según los técnicos de la administración tributaria estatal, la recaudación adicional en el Archipiélago, si se redujese la economía sumergida en 10 puntos del PIB, sería de 1.530 millones de euros de ingresos para Hacienda y otros 516,9 millones por cotizaciones sociales.

 

La amnistía fiscal del Gobierno del PP ha constituido, a mi juicio, un grave error. Significa un premio para los defraudadores y desmoraliza a los contribuyentes cumplidores a los que, además, se les ha incrementado el tipo del IRPF y otros impuestos.

 

Persecución del fraude

Aunque el plan de persecución del fraude ha permitido que el Gobierno español aflore unos 11.300 millones de euros en 2012, de ellos 244 en Canarias. Contrasta ese dato con la ausencia de información del plan del Gobierno canario. Aparte de la tarea que corresponde al Ministerio de Hacienda, que dirige la gestión de la imposición tributaria competencia del Estado, también la comunidad canaria debe incrementar la inspección fiscal en el ámbito de sus competencias, por ejemplo en los tributos del REF y en los tributos cedidos. El Ejecutivo canario es incapaz de dar cifras sobre los resultados de la persecución del fraude en las Islas en los últimos años. Desde NC hemos reclamado la puesta en marcha de un verdadero plan de persecución del fraude fiscal en Canarias, con medios adicionales y objetivos evaluables.

 

El fraude, según Gestha, se repartiría así: 71% grandes fortunas y grandes empresas, 8% autónomos y 12% pequeña y mediana empresa. Por lo que no parece justo cargar todas las culpas, como hacen algunos, sobre los trabajadores, sobre los más débiles, especialmente aquellos que cobrando la prestación por desempleo realizan algunos trabajos para sobrevivir.

Esta diferenciación en la importancia del fraude en absoluto debe interpretarse como que avalo algún tipo de irregularidad: rechazo el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida. Por tres razones. En primer lugar, por legalidad, las leyes están para cumplirlas. En segundo lugar, porque las principales víctimas del empleo irregular son los trabajadores precarios, especialmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. Y en tercer lugar, porque el empleo irregular afecta negativamente a la eficiencia de nuestra economía y favorece el dumping social y laboral.

 

Se equivoca quien piense que el empleo irregular se produce por unos costes laborales muy altos, y que reduciendo estos costes se evitaría un porcentaje tan alto de economía sumergida. Los niveles de los costes laborales en España son de los más bajos de nuestro entorno. Un 25% más bajos que la media de la Unión Europea, un 40% más bajos que en Francia y un 31% que en Alemania. Si analizamos la realidad de la UE se confirma que los países con costes laborales bajos son los que sufren mayor empleo irregular, todo lo contrario a los países con costes laborales elevados.

 

Sin duda existe una gran bolsa de empleo irregular que supone un gran fraude laboral, competencia desleal respecto a autónomos y empresarios que pagan sus cotizaciones sociales y sus impuestos y unas condiciones laborales pésimas para los trabajadores que se encuentran en la irregularidad. Aflorar esta bolsa es importante pero también es cierto que esto es lo que permite ingresos a muchos trabajadores que en el mercado laboral regular no encuentran empleo. Por tanto, es necesario un tratamiento cuidadoso de esta realidad que vaya más contra los empleadores que se aprovechan de esta situación y menos contra los trabajadores obligados a aceptar las condiciones de irregularidad.

 

La problemática del empleo irregular es muy variada. Desde trabajadores por cuenta ajena o propia sin alta en la Seguridad Social a trabajadores que cotizan por una jornada parcial y trabajan una jornada completa, entre otras. Por eso es muy poco preciso el Gobierno canario cuando habla de 125.000 trabajadores en situación irregular, dato escasamente contrastado. Además, no basta con cuantificar. Hay que actuar. En mi opinión Canarias precisa, sin duda, de un plan efectivo de lucha contra el fraude laboral del que hasta ahora carece.

 

Recaudación adicional

Considero que hay que incrementar los esfuerzos en estas materias, a sabiendas de que

el dinero invertido en perseguir el fraude fiscal traerá muchos más ingresos a la comunidad canaria y debilitará la tentación de defraudar. Igual sucede con el fraude laboral; una actitud comprometida contra el mismo debe ir acompañada de unos recursos adecuados en los sistemas de inspección. La OIT recomienda un inspector por cada diez mil personas activas. Cifra de las que estamos aún lejos. En relación a la riqueza, Francia dedica el triple que España a combatir el fraude; y Alemania, el doble. Y obtienen mucho mejores resultados, claro.

 

En definitiva, resulta imprescindible revisar las actuales politicas de ajuste, poniendo el énfasis no en los recortes sino en una notable mejora de los ingresos de las administraciones públicas. Desde la persecución implacable de los paraísos fiscales y la implementación de una reforma fiscal que establezca un sistema más progresivo y justo en el que paguen más quienes más tienen, así como la lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.