Román Rodríguez

Los medios de comunicación públicos atraviesan un mal momento en el Estado español. En primer lugar, son víctimas, también, de los recortes presupuestarios tanto estatales como de las comunidades autónomas (así como de la disminución notable de los ingresos publicitarios en lo que se refiere a las autonómicas), lo que ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo cualificados y el paralelo debilitamiento de un sector económico tan interesante como el audiovisual.

 

Lo que no impide reconocer que algunas de las televisiones autonómicas, caso de la valenciana, la andaluza y la madrileña, estaban sobredimensionadas por erróneas decisiones políticas de sus gobiernos que les llevaron a acumular deudas multimillonarias, aunque las consecuencias las paguen ahora sus trabajadores. También son discutibles costosos gastos, como los destinados a pagar las facturas de la retransmisión de determinados eventos deportivos. No es, por cierto, el caso de la canaria, con un modelo muy razonable que desde sus inicios limitaba el gasto y evitaba el despilfarro.

 

Pero, además, estamos viviendo una auténtica contrarreforma, un enorme retroceso respecto a su carácter de servicio público, con una manipulación por los gobiernos de turno cada vez más descarada y un menor pluralismo. Lo que produce un sentimiento de rechazo en amplios sectores ciudadanos, traducido en constantes pérdidas de audiencia.

 

El caso de RTVE es paradigmático. Reconocida y aplaudida en el pasado reciente por la pluralidad de sus informativos, lo que le permitió cosechar un significativo prestigio y una enorme audiencia en sus telediarios, hoy naufraga merecidamente. El TD1 ha perdido 800.000 espectadores en menos de un año, el TD2 hace tiempo que dejó de ser líder en su franja horaria y retroceden, asimismo, espacios como Los Desayunos de TVE.

 

Parecido camino ha seguido Radio Nacional de España (RNE), que había logrado ganarse meredidamente un hueco en medio de las potentes radios privadas a base de profesionalidad y de un alto nivel de calidad y pluralidad en la oferta de sus distintas franjas horarias. Valores que fueron ‘premiados’, tras el acceso del Partido Popular al Ejecutivo, con la obligada salida de sus más brillantes presentadores, sustituidos por periodistas afines al PP.

 

El Consejo de Informativos de RNE señalaba recientemente en un informe que se están produciendo censura y presiones directas a los periodistas y que es frecuente “la vulneración de la neutralidad, objetividad e independencia de los profesionales de los servicios informativos y programas”. Igualmente apuntan a que “se ha roto el principio de proporcionalidad e imparcialidad que debería guiar a un medio público”: en muchas de las ocasiones se incluye solo la opinión del PP, en mucha menor medida la del PSOE, silenciando prácticamente la voz de otras organizaciones.

 

Sectarismo

Las causas de ese retroceso en el seguimiento de la ciudadanía hay que buscarlas en la transformación del rigor, la profesionalidad, la objetividad y la pluralidad por el sectarismo, la manipulación y el acercamiento a un peligroso modelo de medio ‘de partido’ que el Gobierno de Rajoy ha impuesto desde su llegada al poder. Y que está conduciendo a una disminución de la credibilidad y a una progresiva huída masiva de la audiencia.

 

El ‘singular’ tratamiento de la manifestación de la Diada, convertida en una noticia de segundo nivel, o el que hacen estos días del caso Bárcenas los retratan por completo; y hacen que muchas personas se trasladen a otras cadenas en la búsqueda de una información que en TVE consideran silenciada o maquillada a favor del Gobierno.

 

Desde un primer momento, el PP se propuso controlar la TV pública estatal. Modificando el modelo de nombramiento de presidente de la Corporación establecido por Zapatero en la Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 5 de junio de 2006 -en cuya ponencia participé y cuya aprobación apoyé con mi voto en el Congreso- y que obligaba a un amplio consenso para designarlo (dos tercios de la Cámara), los conservadores dejaban bien claro qué modelo de radiotelevisión pública querían imponer. Ahora, tras la modificación de abril de 2012, si no se logran los dos tercios, la elección se puede hacer 48 horas después en una segunda vuelta por mayoría absoluta. Lo que ya aplicaron para elegir al actual responsable, Leopoldo González-Echenique y Castellanos de Ubao.

 

En Canarias ha sucedido otro tanto. Los Telecanarias se han convertido en publi reportajes del PP y de machaque al Gobierno de CC y PSOE, al menos hasta ahora, y eludiendo cualquier responsabilidad del Gobierno estatal. Ciertamente que se trata de un espectáculo para minorías, pues sus audiencias son cada día más irrelevantes.

 

RTVC

En el otro lado, la radiotelevisión pública canaria también se basa en un modelo de control del Ente por parte del Gobierno. Visible en sus informativos, sean tiempos preelectorales o no. Junto a la emisión de programas que en muchos casos no responden al papel esencial que debe jugar y para la que nació hace casi 14 años.

 

Como he señalado en otras ocasiones, la Radio Televisión Canaria fue creada para contribuir a vertebrar social y culturalmente a las Islas con un lenguaje audiovisual propio, de calidad y de interés y servicio públicos. Así como para impulsar el desarrollo del sector audiovisual, compensando las desventajas de la lejanía y la insularidad, permitiendo que empresas y profesionales puedan competir en situación de igualdad con cualquier otra comunidad o país. Ninguno de estos dos objetivos fundamentales se está cumpliendo.

 

Es preciso reorientar la RTVC, apostando por la calidad y el pluralismo; y aumentando el control por parte del Parlamento de Canarias. En particular, hay que garantizar el papel del Consejo de Administración del Ente Público RTVC (que, por cierto, debió ser renovado hace casi seis años), hoy ninguneado por la Dirección General; y el que corresponde a la Comisión de Control de la RTVC en el Parlamento de Canarias.

 

Planteamos crear el Consejo Asesor de RTVC, inexistente aún pero previsto en la Ley de creación del canal (Ley 4/1990); y constituir un Consejo de Redacción que contribuya a garantizar el pluralismo, la neutralidad, el equilibrio y el rigor de los servicios informativos. Proponemos, igualmente, instaurar un Contrato-Programa anual que comprometa a la RTVC a la emisión de una programación de calidad y de servicio público.

 

Hemos escuchado planteamientos contrarios a su continuidad por parte de dirigentes de PP, PSOE y, también, de CC. Desde NC defendemos a la televisión pública canaria, con un gasto moderado y mejorando su pluralismo y calidad. Queremos actualizar la legislación que regula el funcionamiento de la RTVC siguiendo el modelo llevado a cabo a nivel estatal con éxito en RTVE, frustrado tras la llegada del PP. En ese sentido, pretendemos que el director del Ente sea elegido por mayoría reforzada, no sólo por los votos de los grupos que apoyan al Gobierno como parece que intentan CC y PSOE.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.