Román Rodríguez

 

La cumbre sobre la ley del turismo convocada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria naufragó por completo. Por la representación política, ceñida exclusivamente a los cargos públicos del PP, por la ausencia de los sindicatos y, especialmente, de la patronal del sector turístico, la más afectada por la nueva normativa. Pareció más una convención de la formación conservadora que otra cosa. Una oportunidad perdida, por graves defectos en la convocatoria y notables excesos en el protagonismo, frente a una ley, la del Gobierno CC-PSOE, negativa para Canarias y, aún más, para Gran Canaria. Que deroga la moratoria, permite el crecimiento sin límites de determinadas instalaciones y no respeta las características y los desarrollos turísticos insulares.

 

Se desperdició así la ocasión de mostrar el malestar de la sociedad grancanaria, de sus organizaciones más representativas, con una ley que, en su afán homogeneizador, impide que Gran Canaria avance limitadamente en la demandada franja de los hoteles de cuatro estrellas. Aunque este no es, como señalaré más adelante, el único defecto de la nueva ley ni la única razón para rechazarla.

 

En Nueva Canarias hemos sido muy críticos con la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Tan críticos como defensores de planteamientos dirigidos a la mejora sustancial de la misma. Por ello presentamos 24 enmiendas. Con la finalidad de que éstas contribuyeran a la defensa de un modelo turístico sostenible. Basado en límites cuantitativos y cualitativos al crecimiento de nuevas camas, renovación y recualificación de la oferta y no ocupación de más suelo, continuando básicamente con lo expresado en las directrices aprobadas unánimemente por el Parlamento de Canarias en 2003.

 

Se trata de una legislación elaborada sin rigor, a ciegas. Sin hacer algo a lo que estaba el Gobierno obligado por ley: elaborar un informe sobre las condiciones y evolución del mercado turístico en los últimos años. Igualmente sucede con las plazas alojativas irregulares que se pretenden legalizar, pero de las que no se conoce siquiera una aproximación a su número real. Faltó, también, más debate y mayor consenso.

 

Insistimos, asimismo, en que el Gobierno debía haber procedido a unificar la legislación existente en materia turística, como recomienda el Consejo Consultivo. Se ganaría así en coherencia normativa y en una mayor seguridad jurídica para ciudadanos y empresas.

 

Regulación

Frente a las posiciones del PP y del PSOE, que basculan según gobiernen o estén en la oposición, siempre hemos defendido la regulación del sector turístico. Por razones medioambientales, en referencia al impacto territorial, consumo de recursos o generación de residuos por 12 millones de visitantes anuales, desarrollo de infraestructuras públicas y privadas…que supone la actividad. Y por razones económicas, al ser un sector que aporta el 29,5% del PIB y el 34,2% del empleo en el Archipiélago; y conocedores, por experiencias anteriores, de los desastres que causa la sobreoferta en el sector.

 

Asimismo, hemos expresado con claridad nuestra coincidencia con las tareas irrenunciables para el sector, señaladas ya en la ley de directrices. A saber: rehabilitación de la ciudad turística, renovación de la planta alojativa, diversificación de los servicios complementarios al alojamiento y combatir el intrusismo (la oferta irregular e ilegal) y el fenómeno de la residencialización indeseada en las zonas turísticas.

En el debate parlamentario defendimos, una vez más, el establecimiento de límites cuantitativos (1%) y cualitativos al crecimiento. Y, dentro del cupo anual permitido, que cada planeamiento insular determine las modalidades a permitir, mínimo cuatro estrellas. Son otros los que han cambiado su posición.

 

En 2009, el PSOE, en su enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno canario CC-PP, denunciaba que se pretendía “derogar la moratoria combinando unos incentivos, en términos de plazas alojativas nuevas, a la rehabilitación y sustitución de la planta obsoleta que no están justificados en datos objetivos. Ni analizados sus efectos sobre el mercado. Y autorizar, sin límites cuantitativos, nuevas camas alojativas derogando las normas y el espíritu de la Ley de las Directrices”. Exigiendo que se mantuvieran los límites cuantitativos, que ahora se acaban de cargar.

 

Criticaban justo lo que ellos han hecho ahora desde el Ejecutivo. En esta ley ya no hay moratoria, pues se permite la construcción sin límites de hoteles y apartamentos de cinco estrellas y, además, hay "barra libre" a las villas, las más consumidoras de suelo con diferencia, incluso permitiendo la conversión de viviendas en villas en las zonas turísticas. Asimismo, se deroga la Directriz 12 de Ordenación del Turismo, con lo que se desregulan los usos residenciales en las áreas turísticas; favoreciendo, por tanto, el  fenómeno de la "residencialización", uno de los males de las áreas turísticas antiguas, y el fenómeno del "intrusismo", es decir de la oferta turística irregular e ilegal.

 

Agresión

El PSOE también consideraba en 2009 una “agresión a la autonomía de los cabildos y de los ayuntamientos canarios” que la Ley de Medidas Urgentes les despojara de competencias en materia de ordenación urbanística. Ahora, sin embargo, apoya con la nueva ley unos Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) que, de forma completamente centralista, se sitúan claramente por encima de los planeamientos insulares y municipales, teniendo siempre el Gobierno la última palabra. Por su parte, el PP aprobó en 2009 una ley “intervencionista”, cuando estaba en el Ejecutivo, y ahora rechaza una que lo es en menor medida. Pura coherencia.

 

Por otra parte, estamos convencidos de que los instrumentos que la ley establece para la renovación de la planta obsoleta son claramente insuficientes. Sin un programa claro de incentivos económicos, crediticios, fiscales, administrativos y laborales; la imprescindible renovación está condenada al fracaso. Igualmente es imprescindible la inversión pública en la mejora de la ciudad turística, que suele servir de estímulo a las inversiones privadas.

 

La nueva ley del turismo ha sido aprobada con el voto en contra del 75% de los parlamentarios de Gran Canaria. Igual porcentaje se ha producido en el posicionamiento sobre la misma por parte del Cabildo Insular. Cabe preguntarse qué sucedería con un rechazo semejante a un texto tan relevante en otros territorios del Archipiélago.

 

Considero, por último, que es completamente legítimo que una isla se movilice cuando considera dañados sus intereses. Lo hace El Hierro con el transporte marítimo. Lo hizo Tenerife, con notable éxito, para la inclusión de puertos y aeropuertos en la Red Transeuropea de Transporte; y lo plantea ahora con los hospitales comarcales y el anillo insular. Y lo puede y debe hacer Gran Canaria cuestionando una ley turística que le perjudica u otros diversos asuntos que le afecten. Eso sí, con consenso social, sindical, empresarial y político, y no con borrascosas, partidistas y personalistas cumbres, que, en vez de acercar al logro de justos objetivos, suponen un lamentable y grave patinazo.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.