Román Rodríguez

 

Una profunda decepción. Es el sentimiento que me queda tras el debate del estado de la nacionalidad, celebrado en el Parlamento de Canarias los pasados días 26 y 27 de marzo. No creo que la mayoría de los representantes de los hombres y mujeres de las Islas, especialmente los que tienen responsabilidades de Gobierno, hayamos estado a la altura de las circunstancias. Ni en el planteamiento riguroso de cuáles son los problemas que afectan a esta tierra y a su gente, ni en la búsqueda de soluciones esperanzadoras a los mismos.

 

La enorme gravedad del momento -con cifras escalofriantes de desempleo, con una pobreza creciente que supera un tercio de la población canaria y con un evidente deterioro de los servicios públicos- exigía y exige más implicación, más autocrítica, menos partidismo, menos autocomplacencia.

 

Y, fundamentalmente, requería y requiere de propuestas capaces de reducir el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Apoyando a los que hoy padecen necesidades extremas, que no harán más que aumentar en los próximos meses con una economía en recesión, el previsible incremento del desempleo y con más gente que progresivamente dejará de recibir prestación social alguna; y, asimismo, sentando las bases para la construcción de una alternativa de futuro sostenible, desde el estímulo a la economía, con inversiones, haciendo circular el crédito y generando empleo.

 

Tengo la impresión de que las personas que siguieron el debate, a través de los medios de comunicación, no han concluido que, del mismo, se deriven decisiones que contribuyan a mejorar sus vidas. Cuando esta es una obligación de la política: transformar las cosas en beneficio de la mayoría social. Y cuando esto no sucede, como está pasando en estos momentos en Europa, asoman los fantasmas del autoritarismo, el populismo o las soluciones tecnocráticas.

 

En este sentido, considero un error que el presidente reitere que “Canarias ha cumplido con su tarea”, es decir, que lo ha hecho con los recortes, con el cumplimiento del déficit y la deuda. Eso no es cumplir con los canarios, más bien todo lo contrario. Las diez propuestas presentadas por el presidente del Gobierno de Canarias en el debate del estado de la nacionalidad no sirven, en modo alguno, para solventar la profunda fractura social en curso. Suponen apenas un pequeño y tímido parche. No abordan de manera decidida e integral los grandes problemas y, sobre todo, no modifican la orientación de las políticas económicas.

 

Tal vez la medida más llamativa, y la que mayor impacto mediático ha tenido, ha sido la anunciada apertura de los comedores escolares en verano, que nos parece muy acertada, aunque insuficiente; una decisión que, al menos, constituye un reconocimiento de la difícil situación que atraviesan miles de familias en las Islas, como confirman los informes de Cáritas o Unicef.

 

Pero el resto de las medidas son mucho menos novedosas y menos impactantes. La mayoría de las propuestas económicas lo son con créditos ya existentes que se reordenan o cambian de denominación. Otras constituyen un ejercicio de voluntarismo sin concreción, pues carecen de financiación adicional alguna.

 

Austeridad

Y, sobre todo, las respuestas siguen articulándose en las mismas y fracasadas políticas. Aceptando que es ‘normal’ e inmodificable la adoración del nuevo becerro de miseria de la austeridad. Algunos lo hemos venido denunciando desde un primer momento, asegurando que esas políticas sólo producirían un mayor desplome de la economía, más desempleo y mayores desigualdades sociales. Afortunadamente, cada vez son más las voces que coinciden en señalar que nos encontramos ante un auténtico austericidio.

 

Insistimos. No cuenten con Nueva Canarias para apoyar esas políticas que son más de lo mismo. Es preciso modificarlas profundamente. Basta ya de recortes en lo público que consolidan una sociedad cada vez más injusta, con menor equidad, con profundos abismos entre los que más tienen y los que empiezan a tener nada: ni empleo, ni prestaciones sociales ni vivienda.

 

Hay que poner el énfasis en los ingresos y no en los recortes. Revisando el injusto modelo fiscal español y canario. Haciendo que paguen más los que más tienen y no como ahora que todo el esfuerzo recae en las espaldas de trabajadores y clases medias. Que paguen los que no pagan: persiguiendo el fraude fiscal para que también paguen los que hoy y de forma insolidaria no contribuyen al bienestar colectivo.

 

Igualmente, siendo conscientes de que hay que seguir trabajando por una financiación autonómica justa para Canarias. Esos 800 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades de régimen común van a seguir deteriorando la calidad de los servicios públicos educativo y sanitario que, en los últimos años, han perdido recursos económicos y humanos. Proponiendo, además, un plan estatal de recursos adicionales para Canarias y el fomento de las líneas de crédito ICO para las Pymes.

 

Exigiendo, también, que se cumpla con los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF). Es decir, estar al menos en la media de inversiones estatales, algo que nunca ha sucedido. Estuviera quien estuviera, PSOE o PP, al frente del Ejecutivo estatal.

 

Pobreza

En el debate planteamos, por otra parte, la adopción por el Ejecutivo canario de algunos compromisos mínimos que impactaran sobre la vida de la gente, especialmente de las que peor lo pasan. Me refiero a la puesta en marcha de una acción decidida de reducción de las listas de espera y el refuerzo de las urgencias sanitarias, el plan contra la pobreza (que hace menos de un mes rechazaron los grupos que apoyan al Gobierno, al tiempo que solicitaban uno a nivel estatal en el Congreso de los Diputados) y la restitución del 20% del sueldo a 3.300 trabajadores públicos.

 

Junto a los aspectos señalados, fuimos además los únicos en plantear la relevancia de actuar en el terreno de las reformas democráticas, desde las referidas a una mayor transparencia de las administraciones públicas y actuaciones contundentes contra la corrupción, a la imprescindible reforma del injusto sistema electoral canario, pasando por la modificación del Estatuto de Autonomía o la democratización de la radiotelevisión pública canaria.

 

Creo que, en el Parlamento canario, hemos perdido otra importante oportunidad. Para poner la política a la altura de las demandas ciudadanas. Para dar respuesta a las necesidades de la mayoría social y atender, de manera urgente, a una parte cada vez mayor de la sociedad desempleada, empobrecida y sin esperanzas. Para decir y, sobre todo poner en práctica, que sólo con otras políticas se puede salir de este pozo.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.