Román Rodríguez

 

Pocos días antes de la celebración del debate del Estado de la Nacionalidad 2013, y tras un mediático cruce de acusaciones, Gobierno canario y PP han certificado la práctica defunción del denominado Pacto por Canarias, responsabilizándose mutuamente del deceso. Lo que se anunció con gran aparato publicitario ha quedado, como tantos pactos suscritos en los últimos años, en papel mojado; en este caso, aún antes de ratificarse.

 

El frustrado Pacto por Canarias, como algunos nos temíamos, no ha ido más allá de una escenificación teatral de muy breve recorrido, de una pequeña tregua en las convulsas relaciones entre ambas partes, de un tímido intento de acercamiento y aparente diálogo. Culminándolo con unas conclusiones finales de una enorme pobreza en sus contenidos. Tanto que, por su vaguedad, firmarlo o no tendría un similar impacto sobre la cada día más dramática realidad económica y social del Archipiélago: ninguno.

 

Y, esto es lo más grave más allá del mayor o menor desencuentro, se ha confirmado la absoluta falta de voluntad política para establecer compromisos que intenten modificar los graves problemas que afectan a los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas.

Lugares comunes

Resulta difícil de entender que durante casi dos meses funcionaran varias mesas de negociación del pacto para alcanzar semejante y pobre resultado. En Nueva Canarias hemos tenido acceso no oficial a sus documentos, porque, esa es otra, no han tenido la delicadeza de trasladarlos ni a los grupos que formamos parte del Parlamento ni al conjunto de la sociedad canaria. Y los textos no pueden ser más decepcionantes.

 

Los referidos documentos constituyen una concatenación de lugares comunes, de discursos sin ninguna medida, sin la menor concreción práctica, sin el menor compromiso para tratar de modificar la actual situación que sufre Canarias, su economía y su gente. En ningún momento cuestionan las políticas vigentes e insisten en la austeridad que nos ha llevado hasta donde estamos.

 

Salvo la parte referida a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) y los asuntos europeos, basados esencialmente en documentos aprobados por el Parlamento canario, el resto es pura palabrería sin fondo.

 

No parece de recibo la elaboración de unos textos vacíos como conclusión del trabajo de las respectivas comisiones, como si los problemas de nuestra economía, de retroceso sanitario y educativo y de empobrecimiento de decenas de miles de hombres y mujeres se resolvieran con palabras. Menos aún cuando la situación que atraviesa Canarias es verdaderamente dramática. Con un desempleo que supera el 35%. Con 125.000 personas sin prestación alguna. Con crecientes porcentajes de pobreza infantil. Con un paro juvenil que supera el 63%.

Esas circunstancias de elevado desempleo, empobrecimiento de más de un tercio de su población y deterioro de los servicios públicos nos han llevado a plantear, desde hace más de un año, la necesidad de constituir un Frente Amplio, en el que no sólo estuvieran las fuerzas políticas y las instituciones, sino también empresariado, sindicatos y colectivos sociales. Con un programa común, sin protagonismos, con prioridades y con la finalidad de tratar de cambiar una realidad muy negativa e injusta.

Por eso estuvimos abiertos, pese a las insuficiencias que observamos desde un principio, a la propuesta de pacto planteada por el presidente del Gobierno de Canarias. Pero advertimos que sólo tendría sentido si suponían un cambio de las actuales, agotadas y fracasadas políticas, tomando decisiones que estimularan la economía y el empleo, así como para hacer frente al empobrecimiento de una parte significativa de la población.

 

Señalábamos entonces que un pacto que no modificara las actuales políticas económicas basadas en los recortes, sólo serviría para profundizar en lo que ya tenemos: desempleo, pobreza y desmoralización de la sociedad. Que se corría el peligro de una escenificación vacía y de un continuismo que no compartimos los grupos y personas que aspiramos a una mayor equidad social, como hemos venido expresando con nuestra participación en movilizaciones sociales y, también, con las propuestas que llevamos a las instituciones.

 

Eso supone, por ejemplo, trabajar decididamente por una mayor cohesión social en una sociedad que profundiza los abismos entre ricos y pobres, como denunciaba estos días el informe de Cáritas sobre las consecuencias de la crisis económica. Por eso, presentamos en el Parlamento un plan contra la pobreza y la exclusión social, rechazado por los votos de los grupos que apoyan al Gobierno.

 

Además, un pacto con contenido debe garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, claves para alcanzar mayores niveles de equidad. Incrementar las políticas activas de empleo, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Dinamizar la economía con inversiones públicas. Facilitar el acceso de empresas y familias a los créditos. Fomentar la renovación de la oferta turística y la rehabilitación del espacio público, con inversión pública y privada; planteando incentivos adecuados que incidan en la apuesta por la calidad, así como mejorando la conectividad.

 

Sin olvidar otros asuntos. Como el desarrollo de las energías renovables, negociando con el Estado una normativa específica para Canarias. También el impulso de la Estrategia Industrial de Canarias, implantando los parques tecnológicos y favoreciendo la emprendeduría tecnológica. Y, en el sector primario, gestionando eficazmente el Poseican europeo, así como el Plan de Desarrollo Rural; y defendiendo el Posei adicional.

 

Financiación

Y eso implica decisiones políticas muy distintas a las actuales, en las que apenas se perciben diferencias entre PP, PSOE y CC. Pasando de la obsesión por los recortes a la responsable asunción de fórmulas para que las administraciones cuenten con más ingresos, desde una auténtica fiscalidad progresiva, que haga que paguen más quienes más tienen, a la persecución del fraude. Además, por supuesto, de afrontar una revisión de la actual financiación autonómica que nos deja más de 800 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades de régimen común. O del cumplimiento de las políticas económicas y de inversiones del REF, así como exigir la puesta en marcha de un verdadero Plan Canarias que dé respuesta a la gravedad de la crisis en las Islas.

 

En definitiva, como señalé cuando se abrió el proceso, el Pacto por Canarias sólo tiene sentido si sirve, de verdad, para rectificar unas políticas que están causando enorme sufrimiento a quienes pierden su puesto de trabajo o son desahuciados de sus viviendas; a los que han visto reducidos sus ingresos y su calidad de vida. Sólo tiene sentido si sienta las bases que garanticen la cohesión social, la reactivación de la economía y la generación de empleo. Nada de eso ha estado presente, ni por parte del Gobierno CC-PSOE ni por parte del PP, en ese Pacto convertido en un espacio para la confrontación y el desencuentro partidario de muy escaso nivel.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.