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Carmen Hernandez

Superada esa mirada hegemónica de finales de los 90 que clamaba la necesidad de privatizar las empresas públicas para evitar la supuesta intervención torpe del Estado en la economía, lo cierto es que desde la crisis mundial de 2008, es creciente la opinión favorable al desarrollo de las mismas. La propia OCDE (Organización para el Desarrollo de la Cooperación Empresarial) afirma que el buen gobierno de las empresas públicas es fundamental para garantizar la eficiencia económica y la competitividad globales de un país. Porque los mercados son mecanismos poderosos de promoción del desarrollo económico, pero creo que la historia reciente demuestra que ellos solos no van a promover el dinamismo y la justicia social imprescindibles para un desarrollo sostenible. Nadie puede discutir ya que bienes públicos como la educación, la sanidad, la vivienda o la cultura, cuando quedan sólo en manos del mercado, son provistos de manera insuficiente y desigual. 

El problema por tanto no es la propiedad de las empresas, sino la gestión que se haga de ellas. Y es cierto que en Telde, y en muchos otros sitios, las empresas públicas han servido durante demasiado tiempo como coladeros para el enchufismo, el desvío de capital público y otra serie de malas prácticas.

Es lo que ocurría en nuestro municipio con Fomentas (antes Urvitel), la empresa de Vivienda y Suelo –que fue la primera empresa pública de España en entrar en un proceso concursal- o con Gestel, que se encarga de la promoción cultural y que acumulaba una deuda de más de 250.000 euros en 2015. En estos últimos cuatro años, sin embargo, se han convertido en el mejor ejemplo de que, cuando se gestionan desde la responsabilidad y se ponen al servicio del interés general, las empresas públicas son herramientas valiosísimas. Con unas cuentas saneadas a día de hoy, ambas han llevado a cabo proyectos fundamentales para Telde, trabajando con más dinamismo incluso del que pueden ofrecer las propias administraciones.

Fomentas ostenta, sí, el vergonzoso logro de haber sido la primera empresa pública del Estado español en entrar en un proceso concursal, pero durante el transcurso de este mandato ha pasado a colocarse a las puertas de ser también la primera en lograr salir.

Y siendo fundamental el saneamiento de las cuentas, creo que la clave ha sido la reorientación de la propia actividad de la empresa. Desde que tomamos las riendas tuvimos claro que debía dedicarse a la rehabilitación de viviendas, al fomento del alquiler social y a la lucha contra los desahucios. Y además de eso, ha articulado el Plan Integral de Valle de Jinámar.

En este sentido, los números hablan por sí solos. Al final del mandato se habrán rehabilitado 1.700 viviendas en Jinámar –incluidas las zonas comunes, desde parques infantiles a alumbrado o asfaltado- y el objetivo para los próximos cuatro años son las 4.709 viviendas del Valle. Este Gobierno también ha sido el responsable de rehabilitar las 132 viviendas de Los Marinos de Melenara, una demanda de los vecinos que llevaba décadas sin ser atendida, a pesar de que su lamentable estado suponía ya un verdadero peligro para la seguridad.

Por otro lado, las labores de intermediación que se han hecho con entidades bancarias y propietarios para las familias que se han visto amenazadas por un desahucio, aunque llevadas con la lógica discreción, han evitado numerosos lanzamientos.

La realidad es que más de 30.000 canarios no tienen vivienda y que carecen de los recursos necesarios para acceder al mercado libre, mediante la compra o el alquiler privado. Basta decir que desde 2009 no se construye en Canarias una sola vivienda pública. Es decir, que en la década de mayor necesidad de acceder a ella, cuando el desempleo se ceba con muchos sectores de la sociedad que se ven de un día para otro sin posibilidad de hacer frente al alquiler o desahuciados porque no pueden pagar su hipoteca, la respuesta, lejos de construir más, ha sido paralizar la vivienda pública. Y no buscar tampoco nuevas fórmulas de acceder a ella, como podrían haber sido el rescate de viviendas desocupadas o la adquisición de un parque de viviendas vacío que está hoy en manos de promotores privados o de la banca, y fomentar junto a los ayuntamientos el alquiler social.

El panorama es desolador. No olvidemos que estamos hablando de un derecho constitucional, pues el acceso a una vivienda digna, y la obligación de los poderes públicos de remover todos los obstáculos para favorecerlo, está recogido en el artículo 47. Es verdad que lo está como un derecho de segundo orden, no como uno fundamental, algo que reivindicamos en esa imprescindible reforma de la Carta Magna. Porque es un derecho básico.

Legalmente, las competencias corresponden a la Comunidad Autónoma, pero desde el Ayuntamiento de Telde defendemos la incumbencia municipal en todos estos aspectos. En estos años me ha tocado ver de cerca demasiado a menudo el drama que supone no saber dónde vas a dormir al día siguiente o tener que hacerlo en un coche, y les aseguro que hablamos de una auténtica emergencia habitacional, un elemento distorsionador gravísimo cuando se quiere trabajar en la construcción de una comunidad cohesionada. Ninguna familia, ningún ser humano, puede desarrollar un proyecto de vida que busque el progreso si no tiene cubierta una necesidad tan básica, y esto tiene un coste psicológico grave en el individuo y en la sociedad. Es un signo claro de subdesarrollo en Canarias: no podemos vivir en el siglo XXI con un derecho básico tan lesionado como este.

Respecto a Gestel, encargada de la gestión cultural municipal, ya he mencionado la situación en la que nos encontramos esta sociedad en 2015, con una deuda con la Seguridad Social de más de 200.000 euros, y con la Agencia Tributaria de unos 50.000 euros, y dada la incapacidad de liquidez que tenía, generando unos intereses y recargos de 50.000 euros anuales. Pero su estado hoy es bien diferente. En 2018 cerró por tercer año consecutivo con beneficios, consolidando su situación económica y convirtiéndose en una empresa sólida, fuerte y solvente que ha reactivado la actividad cultural, ha duplicado el número de eventos y de espectadores, y todo gastando menos dinero.

Creo honestamente que estas dos empresas públicas son ejemplo de la eficacia y profesionalidad de sus empleados junto con unas directrices políticas que no se han desviado ni un milímetro de los fines de ambas: ofrecer servicios importantes para la ciudadanía. Nadie pensaba, y menos los agoreros, que la situación en 2019 sería la que es hoy. Pero la verdad es, aunque sea de Perogrullo decirlo, que gestionando bien, las cosas cambian, mejoran.

Y ahora imaginen lo que podremos hacer los próximos cuatro años si todo esto se ha logrado mientras recortábamos la deuda en un 85%. La ciudad debía 153 millones cuando llegamos, ahora solo quedan por pagar 23 millones. Romperemos muy pronto el plan de ajustes-recortes que nos impusieron en 2012, y dispondremos del dinero municipal para culminar la recuperación de Telde. Lo demás, es espacio para despegar.

Carmen Hernández
Alcaldesa de Telde y presidenta local de Nueva Canarias
@CarmenHdezNC

SUMARIOS:
"Fomentas y Gestel han saneado sus cuentas y llevan a cabo proyectos fundamentales para Telde”
“Reivindicamos que en la reforma de la Constitución el acceso a la vivienda se convierta en un derecho fundamental y no de segundo orden como es ahora mismo”

 

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