Román Rodríguez

 

El Gobierno de Canarias ha recortado 112 millones de euros más de gasto público de lo que debía para cumplir el déficit del 1,5%, cantidad que podía haberse destinado al rechazado plan contra la pobreza o para reducir las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. En efecto, nuestra Comunidad queda en 2012, según los datos del Ministerio de Hacienda, con un déficit del 1,23%, por debajo, por tanto, del déficit permitido del 1,5%. Sobre un PIB estimado de 41.483 millones de euros en 2012, esos 0,27 puntos que “ahorramos” supone dejar de gastar 112 millones. Al parecer, vamos sobrados.

El hecho es de una enorme gravedad. Y resulta peor aún cuando desde el Gobierno y los dos partidos que lo apoyan se alardea de “cumplimiento” y se intentan colgar la medalla de campeones del rigor en el déficit (recortes). Obviando que el resultado, por encima de lo exigido, es a costa del deterioro de la situación de la gente y del retroceso en los servicios públicos. Y no vislumbrándose diferencia alguna entre el Ejecutivo CC-PSOE y el discurso y la práctica del PP en el Gobierno del Estado.

 

Cuando el Ejecutivo canario dice que no hay dinero para justificar su rechazo al Plan de Choque contra la pobreza que Nueva Canarias presentó en el Parlamento, ni tampoco para minorar las listas de espera en sanidad; cuando señala, además, que es “obligatorio” reducir el 20% de sueldo a 3.300 empleados públicos… resulta que le han sobrado

112 millones de euros.

 

Plan contra la pobreza

La pasada semana Nueva Canarias defendió en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno a elaborar y a poner en marcha un Plan de Choque contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias. Fue rechazada, con el argumento de la falta de recursos adicionales, por los votos de CC y PSOE; por cierto, los mismos partidos que en el debate del estado de la nación exigían un plan similar al Gobierno de Rajoy dotado con 1.000 millones de euros. El PP votó a favor en Canarias pero en el Estado, donde gobierna, lo hizo en contra. Muy coherente todo.

 

Basamos la necesidad y urgencia de este plan en los muy negativos indicadores socioeconómicos. Desde el 33,6% de paro de la Encuesta de Población Activa de diciembre de 2012 (porcentaje que aumentará en la del primer trimestre de este año), con 124.527 desempleados que ya no cuentan con prestación alguna, a una tasa de riesgo de pobreza que ya supera el 33,8%, 12 puntos más que la media estatal; y que en los menores alcanza el 38,2%. También el aumento de personas que recurren a comedores sociales y bancos de alimentos, así como las que son desahuciadas de sus viviendas.

 

Entre las medidas que proponemos incluir en el plan figuran el incremento de la financiación de las políticas sociales que son competencia de la Comunidad Canaria, dirigidas a la población más frágil. Aumentando las ayudas de emergencia social a los municipios y las ONG (para hacer frente a alquileres sociales, luz, agua, alimentos para familias…) y dotando de manera suficiente al Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

 

Igualmente, promoviendo una mejor coordinación entre las administraciones y elevando la financiación de la Ley Canaria de Inserción, y, sobre todo, disponiendo en esta dramática coyuntura de un fondo específico de recursos adicionales para atender el incremento de las situaciones de pobreza y exclusión.

Junto a ello, incorporamos una serie de acciones específicas contra la pobreza infantil. Mejorando la coordinación, la eficacia y la coherencia en la intervención de las administraciones. Protegiendo el gasto público para la infancia en todos los ámbitos, desde la salud a la educación. Y creando una partida para becas de comedor escolar para menores de familias sin recursos.

 

Por último, en la PNL planteamos que se debe favorecer en los planes de empleo la contratación de personas desempleadas en hogares que tienen todos sus miembros en paro, así como desempleados con menores a su cargo; fomentar la vivienda en alquiler social y, asimismo, que el Gobierno medie con las entidades financieras para paralizar los expedientes de desahucio, hasta que sea modificada la actual y lesiva legislación.

 

Hace tiempo que trabajamos en esa línea. Lo hicimos, cuando dirigimos el área de Asuntos Sociales en el Cabildo de Gran Canaria, con la puesta en marcha en 2010 de una experiencia muy interesante, en colaboración con otras instituciones, destinada a la adquisición de alimentos básicos por familias en graves dificultades económicas. Igualmente, con un programa para facilitar bonos-guagua a desempleados.

 

No es la primera vez que, sin éxito, llevamos al Parlamento iniciativas en este ámbito, con el objetivo de que el Gobierno aborde de manera decidida la lucha contra la pobreza en nuestra tierra. Lo hicimos en el debate del estado de la nacionalidad, en marzo de 2012, presentando una resolución. Y, también, con distintas enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Canaria para 2013. Enmiendas acompañadas por incrementos fiscales que las hicieran factibles; fundamentalmente, mediante el aumento de impuestos a rentas altas y patrimonio similares a los que ya se aplican en otras comunidades autónomas, así como la persecución del fraude. Y, por supuesto, pidiendo que se flexibilice o incluso se incumpla el déficit, porque primero están las personas y su bienestar.

 

Hasta ahora el Ejecutivo y los grupos que le sustentan no han estado a la altura de las circunstancias. La situación ha empeorado, como lo han hecho de manera significativa el paro, la pobreza y la exclusión social. Las previsiones económicas para 2013, con una economía deprimida y perspectivas de que se siga incrementando el número de desempleados y de personas que carecen de prestaciones, debiera obligar a una reacción inmediata para evitar el sufrimiento de una parte significativa de la ciudadanía de las Islas. Entiendo que están obligados a rectificar. No podemos dejar esta tarea sólo a las ONG, a las que hay que agradecer su enorme compromiso y solidaridad.

 

Sin premio

La reacción del Ejecutivo ante el dato de déficit no llama precisamente al optimismo. Parecen resignados a esta manera errónea de afrontar la crisis, que sólo genera más destrucción de empresas, desempleo y pobreza. Saben, además, que la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no contempla premio para las comunidades autónomas que disminuyan el déficit más allá de lo autorizado. Por tanto, Canarias este año 2013 tendrá que reducir su déficit al 0,7%, al igual que las comunidades autónomas que no cumplieron este año 2012 con el 1,5%.

En definitiva, la medalla que el Gobierno de CC y PSOE se está colgando al cuello no tiene ningún valor. Está construida sobre la base de los recortes a los servicios y a los trabajadores públicos; sobre el deterioro de la asistencia sanitaria y de la educación; sobre el desmantelamiento de la ley de la dependencia; sobre la negativa a actuar sobre las cada vez mayores bolsas de pobreza y exclusión que sufre Canarias. Sobre la mimética repetición de dogmas neoliberales que están mostrando su absoluto fracaso.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias