Román Rodríguez

Nueva Canarias (NC) ha presentado en el Parlamento canario una argumentada enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Suelo de Canarias, que será debatida la próxima semana en la Cámara y que divide profundamente a la sociedad canaria, a sus partidos y a sus instituciones. Una normativa de tanto calado, que afecta al presente y el futuro de esta tierra, no puede plantearse, como así ha ocurrido, con insuficiente tiempo, sin diagnóstico compartido y sin fomentar la participación. La ley renuncia, además, al proyecto común de Canarias, sustituye el urbanismo de plan por el de proyectos y da las mayores facilidades para todo tipo de intervenciones en suelo rústico.

Reconocemos elementos positivos de la ley. Entre otros, la unificación de las normas previas, el planteamiento de compensar por conservar y el respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos. También la supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación, la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes y la simplificación de la autorización de obras para actividades propias en suelo urbano y rústico.

Pero pesan mucho más sus aspectos negativos. Su procedimiento de elaboración por un núcleo cerrado de académicos y ejercientes del derecho, excluyendo un tratamiento interdisciplinar. Sin estrategia de participación ciudadana. Pese a distintas peticiones formuladas por diferentes organizaciones no se posibilitó una ampliación del plazo de información y debate público, con apenas 35 días de exposición pública del anteproyecto, pese a su enorme complejidad, con más de 458 determinaciones, 408 artículos y 50 disposiciones. Aún así, se presentaron más de cien alegaciones, muchas de ellas con una elevada cualificación en sus análisis y propuestas.

En Euskadi, para revisar sus directrices se han dado un plazo de tres años, impulsando un diagnóstico previo y estableciendo un plan de participación, llevando a cabo posteriormente el avance de la propuesta de revisión.

El Parlamento va a debatir un proyecto de ley transcendental para el futuro de Canarias, probablemente la más importante de la legislatura, que no concita el suficiente consenso institucional, político y social. Las leyes nucleares sobre el Territorio, como la Ley de Espacios Naturales del año 1994, la de Ordenación del Territorio de 1999 y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 gozaron de amplios consensos y fueron aprobadas por unanimidad.

Canarias, territorio sostenible

Es cierto que cuenta con el aplauso de una parte significativa del empresariado. Pero también que es cuestionada por determinadas organizaciones agrarias y rechazada por todos los sindicatos y por numerosas entidades profesionales y medioambientalistas, agrupados en la Plataforma Canarias, territorio sostenible. Desde el punto de vista político-parlamentario la defienden el núcleo duro de CC y PP, con el apoyo de ASG, mientras que el PSOE, que forma parte del Ejecutivo, está claramente dividido; y es rechazada por Nueva Canarias y Podemos. Ha recibido, además, alegaciones críticas de los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, del Consejo Consultivo, del Colegio de Arquitectos de Canarias y de departamentos del propio Ejecutivo canario, como la viceconsejería de Servicios Jurídicos, así como de consejeros socialistas en el Cabildo de Lanzarote.

Personas que han tenido altas responsabilidades en nuestro Archipiélago también la rechazan. Entre ellas, Paulino Rivero, expresidente del Gobierno canario; Enrique Pérez Parrilla, que fuera durante 11 años presidente del Cabildo de Lanzarote, y Tomás Padrón, expresidente del Cabildo de El Hierro; dos cabildos muy vinculados a la lucha por la sostenibilidad. Así como Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista.

Entre nuestras críticas a la ley del suelo está el abandono que hace del proyecto colectivo de Canarias, derogando la mayor parte de las directrices generales de ordenación y renunciando a las competencias del Ejecutivo en el control y aprobación de los instrumentos de planeamiento, que hoy ejerce a través de órganos del Gobierno. Debilitando a los cabildos insulares y dando todo el poder a los entes locales, caso único en el conjunto de las comunidades autónomas.

El Gobierno toma esta decisión, a sabiendas de que hoy, y con muchas menos competencias, muchas de las administraciones locales de las islas precisan del Ejecutivo para redactar sus planes generales, al no contar con los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo. Ahora se les otorga toda la responsabilidad, incluida la evaluación medioambiental.

Simplificación

Compartimos la necesidad de la simplificación y clarificación competencial. Pero no que esta se lleve a cabo trastocando radicalmente la actual estructura, renunciando a las competencias autonómicas y trasladando la responsabilidad de la aprobación de los instrumentos de planeamiento a cabildos y ayuntamientos. Y, además, generando 95 órganos de decisión ambiental (de los siete cabildos y de los 88 ayuntamientos), sustituyendo el papel que hasta ahora desarrolla la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Lo que supondrá más judicialización e inseguridad jurídica, así como más debilidad del interés general. Potenciando el fraccionamiento del gobierno del territorio y del medio ambiente, renunciando a la cohesión de nuestra tierra y cantonalizando a Canarias.

Se apuesta por un un modelo desarrollista que subordina a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. Su articulado contiene numerosos elementos desreguladores y discrecionales. Se abandona el urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Es decir, se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar. 

Para hacerlo se crean nuevas figuras por encima del planeamiento, la más destacada los proyectos de interés insular y autonómico, sin límites y sobre cualquier tipo de suelo, incluido el rústico si no es de protección ambiental.

Y respecto a la protección del suelo agrario, aunque nos parece positiva la simplificación para realizar obras en las instalaciones agrícolas y ganaderas, se incorpora la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio, industriales o deportivos; pudiendo desencadenar una enorme presión especulativa sobre el suelo rústico de irreparables consecuencias.

Esta ley divide a la sociedad y a las instituciones canarias. Condiciona gravemente el futuro. Compromete los intereses generales de los hombres y mujeres de esta tierra. Renuncia al proyecto común de país, de Canarias. Apuesta por la desregulación y la discrecionalidad. Así como por un uso intensivo del territorio al servicio de la especulación. Y por la colonización del suelo rústico, con los nuevos usos que permite. Se precisa rectificar. Se precisa diagnóstico, tiempo, rigor y consenso si se quieren hacer las cosas bien, si se pretende contribuir a la cohesión territorial, social y económica del Archipiélago.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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