Minerva Alonso Santana

 

La puesta en valor de la educación siempre ha constituido en Nueva Canarias una seña de identidad, la educación pública y de calidad ha sido el objetivo de todas las actuaciones en esta materia desde la organización y desde gobiernos cuando se ha tenido la oportunidad de estar y decidir.

 

Por ello, es obvio que no nos mantengamos al margen de opinar y de llamar a la movilización a todos los agentes sociales en contra del anteproyecto de ley de Mejora de la Calidad Educativa que propone el PP. Los avances en materia educativa alcanzados en los últimos años peligran con el Gobierno de Rajoy, que propone una ley ideológica que rechaza las aportaciones de la sociedad y de los que mucho tienen que decir sobre la educación.

 

De manera general, sus pretensiones van lejos de dar repuesta de manera realista y rigurosa a la situación educativa actual y se acercan más a posicionarse mejor en los ranking internacionales, planteando una serie de medidas que no sólo no van a resolver los problemas de la educación sino que los va a agudizar. Alejándose de dar respuesta a los verdaderos problemas que presenta la educación en nuestros días: el éxito escolar y personal del alumnado.

Tanto el CEE como las propias orientaciones de PISA, plantean la necesidad de dar estabilidad normativa a los sistemas educativos y España en las últimas cuatro décadas ha sufrido siete cambios normativos. Si los problemas que tiene hoy el sistema educativo español (altas tasas de abandono escolar, bajas tasas de graduación, o altas tasas de alumnos repetidores), fueran consecuencia de una normativa inadecuada cómo se explica que, en algunas comunidades del Norte, con la misma norma básica, obtengan muy buenos resultados en pruebas internacionales y tengan mejores indicadores educativos.

Entendemos que lo que necesita el sistema educativo español es consenso, diálogo social y político. Dejar de utilizar la Educación como un vehículo trasmisor de ideología y de adoctrinamiento. Desde NC siempre hemos apostado por la educación mantenida al margen de intereses puramente partidistas y como una cuestión trascendental para el desarrollo individual y colectivo y para el progreso social y económico. Canarias necesita de jóvenes formados, críticos y libres, no de adeptos a un sistema.

Una ley que nace sin consenso, ya que tiene en contra a los principales agentes sociales y educativos, es un anteproyecto hecho de espaldas a las orientaciones de los expertos, a las opiniones de las federaciones de padres y madres, de organizaciones estudiantiles y sindicales.

Una ley sin ficha financiera: No hay informe de expertos que no valoren como elemento fundamental la inversión en materia educativa, una inversión que se traduce, en ratios adecuadas que permitan atender a la diversidad del alumnado, ofrecer los apoyos y refuerzos necesarios a aquellos que tiene problemas de aprendizaje, disponer de profesionales del ámbito de la psicología y la pedagogía o la formación continua del profesorado.

Una ley que ataca a la equidad, que destruye la escuela para todos y para todas y confunde el término de calidad, ya que segrega al alumno que fracasa y no compensa las desigualdades, esa no puede ser una ley de calidad.

Por estas razones y otras muchas que atentan contra las enseñanzas de idiomas, la educación infantil, enseñanzas artísticas, la educación en valores, la autonomía de los centros, la estabilidad de las plantillas… En definitiva, a todos los recortes que supondrá la Lomce en un derecho fundamental como es la educación pública y gratuita, desde NC participamos el pasado día 6 de mayo de un manifiesto acordado por los agentes sociales y educativos de Canarias (organizaciones sindicales, políticas, familiares y estudiantiles), que dice NO A LA LOMCE y que hace un llamamiento a la manifestación el próximo 9 de mayo en el Obelisco.

Minerva Alonso Santana, secretaria de Educación de Nueva Canarias.