Román Rodríguez

 

Cualquier decisión que afecte al turismo debe ser muy meditada, muy rigurosa y muy consensuada. Lo exige la relevancia presente y futura del sector más importante de nuestra economía y sus vinculaciones con el empleo, así como sus efectos medioambientales y territoriales. En ese sentido, aunque Nueva Canarias comparte el objetivo de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que se debate en el Parlamento canario, discrepamos en buena parte del articulado, lo que explicitaremos a través de las correspondientes enmiendas. Y, asimismo, no compartimos algunos elementos del procedimiento llevado a cabo para su elaboración.

 

Entre ellos, el evidente retraso en su elaboración, pese a nuestras reiteradas advertencias. Además, constituye un error, y un incumplimiento, que la ley no venga acompañada de una Comunicación del Gobierno sobre las condiciones y evolución del mercado turístico, como instrumento informativo necesario para que este pueda fijar el crecimiento del siguiente trienio, como señala la disposición transitoria segunda de la Ley 19/ 2003 de Directrices y recoge la directriz 27 de Ordenación del Turismo.

 

Se trata de un informe preciso para que el legislador tenga información sobre el impacto de las medidas establecidas. Es imprescindible conocer, una década después, cuántas plazas alojativas se han renovado, qué espacios públicos se han mejorado o cuántas plazas de alta calidad se han incorporado a nuestra oferta turística.

 

Asimismo, con esta ley se pretende la legalización de las plazas turísticas irregulares y, también, de las edificaciones turísticas que las albergan. ¿De cuántas plazas y edificios hablamos? No es lo mismo 1.000, 50.000 o 150.000 plazas. Y el Gobierno, a preguntas del grupo parlamentario de Nueva Canarias, contestó, el pasado 11 de julio, que no existe una estimación precisa, cuando el Ejecutivo sabe que está obligado a hacerla.

 

Poco debate

Además, esta ley se ha elaborado con escaso debate, si exceptuamos las aportaciones de las patronales del sector y algunos expertos universitarios, y sin ninguna participación ciudadana. Contrasta con el gran debate social y la elevada participación pública que hubo en la elaboración de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, entre los años 2001 y 2003.

 

Por otra parte, el Gobierno debió realizar un esfuerzo para presentar una nueva ley de turismo que unificara toda la legislación existente sobre la materia. Tal como señala críticamente el dictamen del Consejo Consultivo, es muy negativa la gran dispersión normativa existente, que ahora se ve incrementada por esta nueva normativa. Contar con un texto único, que no incurra en contradicciones entre las distintas normas existentes, favorece el ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos y empresas; y favorece, también, la seguridad jurídica.

Defiendo una intervención pública regulada, pactada, rigurosa y respetuosa con la legalidad. Como se hizo en la moratoria y las directrices que, pese a los augurios catastrofistas de algunos, han sido avaladas por distintas sentencias del Supremo; confirmando que se ajustan a derecho y que salvaguardan el interés general sin lesionar los derechos de los particulares. La defiendo frente a los intentos desreguladores del PP, la misma filosofía que nos llevó al desastre de la burbuja inmobiliaria y, también, al de la burbuja financiera.

 

Una intervención que se fundamenta en razones medioambientales: el impacto territorial, de consumo de recursos, de generación de residuos… que producen 12 millones de visitantes anuales y el conjunto de infraestructuras públicas y privadas que ello conlleva, aconsejan que esta actividad en unas islas con suelo escaso y limitados recursos esté bien regulada.

 

E, igualmente, se basa en razones económicas. El turismo es la actividad más importante de nuestra economía. Supone el 29,5% de nuestro PIB y el 34,2% del total del empleo. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos destruya nuestro motor económico. Eso ya ha sucedido en diversas ocasiones de nuestra historia reciente con las crisis de sobreoferta alojativa que se dieron a principios de los años 80 y de los 90. ¿Qué hubiese pasado si, de no aplicarse la moratoria y las directrices, tuviésemos hoy 150.000 camas más?

 

Con respecto a los contenidos de la nueva legislación comparto la necesidad de plantear crecimiento cero al suelo turístico y límites al de plazas alojativas, con excepciones asociadas a una oferta de calidad. Determinando las características que deben reunir estas excepcionales nuevas plazas y, también, fijando el sistema de concesión de las mismas.

 

Renovación

Pero lo más decisivo es la renovación. Las medidas para impulsar la renovación edificatoria y la rehabilitación del espacio público turístico son claramente insuficientes. Se precisa inversión pública e incentivos fiscales o laborales, entre otros, porque no será suficiente con los incentivos edificatorios para que los propietarios de los establecimientos alojativos renueven.

Las grandes tareas del sector turístico para mejorar su competitividad están ya definidas en la Ley de Directrices: rehabilitación de la ciudad turística, renovación de la planta alojativa, diversificación de los servicios complementarios al alojamiento, formación del personal y de los empresarios. Además, hay más instrumentos que debemos implementar, entre otros, incremento de la conectividad aérea, recuperar bonificaciones a las tasas aéreas, segmentar la oferta y diversificarla, mejorar la comercialización directa de la oferta alojativa y realizar una acertada y coordinada promoción comercial.

 

En un segundo artículo me centraré en las enmiendas de NC a la nueva ley turística de Canarias, donde planteamos que los límites cuantitativos y cualitativos respeten cada modelo turístico insular; así como que la regularización de establecimientos se haga a través de una norma explícita que recoja las diferentes casuísticas. Insistiendo en una apuesta más decidida por la renovación de la planta alojativa y de la ciudad turística, entre otras medidas.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de NC.