Román Rodríguez

Realizar un balance de este 2018 que acaba supone reconocer que ha sido un año muy importante para Canarias, con toda seguridad uno de los más trascendentes de la década y el siglo. Con algunas luces significativas, al desbloquearse asuntos de gran relevancia estratégica, como el Régimen Económico y Fiscal (REF) en su parte social y económica, el nuevo Estatuto y la reforma electoral; y con las sombras del continuismo de un modelo de desarrollo escasamente sostenible y la pervivencia de nuestros negativos parámetros en datos de desempleo, pobreza y exclusión social, así como los problemas que siguen afectando a los servicios públicos.

De las luces también forman parte los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, como ya lo fueron los de 2017, en los que fue decisivo el voto y la orientación de Nueva Canarias (NC). Posibilitando la implementación de numerosas medidas que han beneficiado al Archipiélago en transportes, carreteras, sector primario, lucha contra la pobreza, obras hidráulicas, desalación o infraestructuras educativas.

Con relación al nuevo Estatuto, que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, reconoce, por primera vez, las aguas canarias, elimina los aforamientos, abre la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, e incluye a La Graciosa como octava isla. Además, recoge que, a diferencia de su aprobación por el artículo 143 en los años ochenta y las reformas de 1996 y la reciente, la próxima modificación estatutaria deberá ser ratificada en referéndum; algo que debió suceder desde el minuto uno accediendo por la vía del 151, con el nivel máximo de competencias y con consulta ciudadana.

Por otra parte, una veintena de artículos incluye distintos derechos cívicos. Comprometiendo a los poderes públicos del Archipiélago en el derecho a la igualdad de trato y “la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua…”. Reconociendo, asimismo, el derecho a una renta de ciudadanía, la renta básica canaria que hemos venido solicitando desde hace varios años; algo muy importante en una comunidad que padece una enorme desigualdad y se sitúa a la cabeza en los datos de pobreza y exclusión social.

Recursos del REF

El reformado Estatuto incorpora la separación de los recursos del REF de los que corresponden a la financiación autonómica y la reforma del injusto y poco proporcional sistema electoral canario. Tras una década de maltrato en la financiación, que nos situó 600 millones de euros anuales por debajo de las comunidades de régimen común, se ha empezado a corregir el injusto trato a Canarias. Y ello se traduce en unos 220 millones de euros adicionales en 2017, más de 440 millones de euros en el actual ejercicio y casi 600 millones de euros, en 2019.

Por otra parte, en las elecciones de mayo de 2019 dispondremos de un nuevo sistema electoral que disminuye las barreras de acceso al Parlamento (que pasan del 6% canario y el 30% insular al 4% y 15%, respectivamente), lo que beneficia a la pluralidad y, de manera moderada, mejora la proporcionalidad con los nueve escaños de la lista archipelágica; al que se suma el que incrementa la representación de Fuerteventura, que pasa de siete a ocho, más acorde con su peso poblacional.

Con relación al REF, además de blindar la separación de sus recursos de los de la financiación autonómica, confirma de manera indefinida el 75% de bonificación a los billetes aéreos y marítimos, tanto interinsulares como los que corresponden a traslados de Canarias al resto del Estado, así como el 100% de bonificación en transporte de mercancías.

Incluye numerosas medidas de apoyo a nuestro sector primario -entre ellas, las ayudas al agua de riego y las subvenciones a los seguros agrarios-, así como otras destinadas al mercado audiovisual, al sector energético y al resto de las actividades industriales. Establece, asimismo, partidas en los PGE destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, mientras nuestra comunidad se encuentre por encima de la media estatal en estos parámetros.

Pero esas luces, que abren oportunidades que debe aprovechar Canarias para mejorar su economía, su empleo y sus niveles de equidad, se ven ensombrecidas por una realidad social que a nadie puede satisfacer. Con un desempleo en torno al 20% y unos salarios que se sitúan a la cola del Estado, que dificultan el presente y condicionarán las futuras pensiones.

Padecemos, además, niveles de pobreza y exclusión social que nos sitúan a la cabeza de España. Sin que el Gobierno de Canarias haya aprovechado el crecimiento económico del período reciente para comenzar a revertir esta situación. La actuación frente a la pobreza, que sufren también personas con empleo y raquíticos sueldos, ha sido poco decidida y colabora en que se haga crónica esta realidad intolerable.

Vivienda

Otro tanto sucede en las políticas de vivienda, en las que el balance de estos años es desolador, pese a la existencia de decenas de miles de personas que no pueden acceder a un hogar y las crecientes complicaciones en un mercado de alquiler distorsionado y con precios al alza.

Los servicios públicos fundamentales siguen sin superar los profundos daños que les causaron las políticas de austeridad y recortes. No se cumple con lo estipulado por la Ley Canaria de Educación de avanzar progresivamente para alcanzar el 5% del PIB en este ámbito en 2022. Ni se dota adecuadamente a una sanidad que suscita las quejas de profesionales y usuarios, y que tiene las listas de espera con mayor demora del Estado español. La atención a la dependencia dista todavía mucho de colocarse, al menos, en los niveles medios del conjunto de las comunidades autónomas.

Las cuentas públicas eran la oportunidad para corregir esas disfunciones, dotando mejor presupuestariamente a los servicios públicos. Pero se prefirió la senda de irresponsables rebajas fiscales, la mayoría de escaso impacto en los ciudadanos y ciudadanas, en lugar de la del compromiso con la sanidad, la educación o la dependencia.

Este será el último presupuesto elaborado por el actual Gobierno en esta legislatura y apoyado por CC, PP y ASG. Considero que es preciso que el Ejecutivo que salga tras la convocatoria electoral de mayo dé un giro importante que posibilite transformar la injusta realidad de las Islas. Con una fiscalidad progresiva. Con una apuesta nítida por un desarrollo sostenible. Con un compromiso pleno con los servicios públicos. Con decisiones que impulsen la igualdad entre mujeres y hombres. Con políticas que permitan generar economía y empleo, mejorar la vida de la gente y respetar nuestro territorio y medio natural. Para que, en la situación política, económica y social de nuestra tierra, se impongan las luces a las sombras.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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