Román Rodríguez

 

Ante la dramática situación de Canarias, el elevado desempleo, el empobrecimiento de más de un tercio de su población y el progresivo deterioro de los servicios públicos, hemos venido planteando desde hace más de un año la necesidad de aunar fuerzas, de constituir un Frente Amplio, un acuerdo de la sociedad canaria. Integrado por sus formaciones políticas e instituciones, empresariado, sindicatos y colectivos sociales. Con un programa común, sin protagonismos, con prioridades y con la finalidad de tratar de cambiar una realidad muy negativa e injusta.

 

Hemos planteado la creación de ese frente, de ese acuerdo, convencidos de que, pese a las enormes dificultades y la dimensión del impacto de la crisis en nuestra tierra, es posible cambiar el actual y lamentable estado de cosas. Porque tenemos el derecho y el deber de rebelarnos. Porque hay alternativas viables para frenar el actual deterioro económico y social, y sentar las bases de una sociedad más justa, con mayor equidad, con más empleo y mejores servicios públicos.

 

Por eso hemos decidido participar en las reuniones convocadas por el presidente del Gobierno canario para alcanzar un Pacto por Canarias. Y, desde un primer momento, hemos señalado que alcanzar ese objetivo implica un profundo cambio en las políticas que se vienen implementando, en el Estado y en nuestra comunidad, para impulsar la economía y el empleo, así como para hacer frente al empobrecimiento de una parte significativa de la población.

 

Un pacto que mantenga las actuales y equivocadas respuestas frente a la crisis económica sirve de bien poco. Un pacto que profundice en las políticas de recortes de los últimos años, que han paralizado la economía, generado más desempleo y deteriorado los servicios públicos, sólo empeorará la grave situación que vive el Archipiélago. En un pacto de esas características no estaremos; de una escenificación vacía, como en otras ocasiones ha ocurrido, no tomaremos parte. Al contrario, nos opondremos a él, junto a los distintos sectores sociales que hemos venido rechazando el actual modelo y aspiramos a una mayor equidad. Como hemos venido haciendo: apoyando las distintas movilizaciones y planteando propuestas en las instituciones en las que tenemos presencia.

 

Los datos de la EPA del cuarto trimestre han ratificado lo sombrío de la situación social de las Islas. En 2012 se contabilizan 26.500 parados más que en el año anterior. Hay 14.300 empleos menos y las afiliaciones a la Seguridad Social disminuyeron en más de 20.000. Por otra parte, las previsiones económicas para 2013 señalan que nuestra economía decrecerá, frente a los que sin sustento, en Canarias y en Madrid, ven mejoras y brotes verdes. Y que, por tanto, no solo no se creará empleo, sino que seguirá aumentando el número de parados; y, sobre todo, el de personas sin prestaciones y empobrecidas.

Exclusión social

Por eso, considero esencial que cualquier propuesta asegure la cohesión social, implementando un plan contra la pobreza y la exclusión social. Evitando el deterioro de los servicios públicos, que son claves para alcanzar mayores niveles de equidad. E incrementando las políticas activas de empleo, especialmente la formación de las personas hoy desocupadas y la contratación temporal por corporaciones locales y otras entidades. Primando, asimismo, a los parados de hogares con todos sus activos en situación de desempleo, con personas a su cargo o desempleados de larga duración.

Trasladaremos igualmente un conjunto de medidas destinadas a la dinamización económica y la generación de empleo, planteando, en primer lugar, la recuperación de la inversión pública. En lo que afecta a nuestro motor económico, el sector turístico, fomentando la renovación de la oferta y la rehabilitación del espacio público, con inversión pública y privada. Planteando incentivos adecuados que incidan en la apuesta por la calidad, así como mejorando la conectividad.

 

También me parece relevante favorecer el desarrollo de las energías renovables, negociando con el Estado una normativa específica para Canarias; impulsar los objetivos de la Estrategia Industrial de Canarias, implantando los parques tecnológicos y favoreciendo la emprendeduría tecnológica; y, en el sector primario, gestionando eficazmente el Poseican europeo, así como el Plan de Desarrollo Rural; y exigiendo el Poseican adicional español.

 

Por último, reiteramos la necesidad de avanzar hacia una Administración más transparente y segura. Con mayor simplificación en los trámites y una eficaz distribución de competencias entre las tres administraciones canarias.

 

Avanzar en la línea que hemos expuesto supone actuaciones en Canarias, en el Estado y en la Unión Europea. En el caso de las Islas nos parece muy importante acabar con las políticas que han apostado por el austericidio; y, en vez de recortes, proponemos fórmulas para que las administraciones cuenten con más ingresos. Por ello, dentro de nuestro marco competencial, es preciso trabajar para perseguir el fraude fiscal y lograr que la fiscalidad canaria sea más justa.

 

Son diversas las actuaciones que corresponden al plano de la negociación de Canarias con el Gobierno central. Planteando una nueva distribución del déficit público entre el Estado y las comunidades autónomas. Revisando este injusto modelo de financiación autonómica que nos coloca más de 800 millones de euros anuales por debajo de la media. Apoyando la persecución del fraude, y exigiendo una fiscalidad más progresiva, acercándonos a los estados europeos que mejor funcionan. Exigiendo, igualmente, que en la reforma financiera en curso el crédito fluya también hacia empresas y familias.

 

Consenso

Por último, es imprescindible alcanzar un consenso con el Estado sobre la propuesta de reforma de nuestro REF aprobada por unanimidad por el Parlamento canario. E insistir en la defensa de los intereses canarios como Región Ultraperiférica en la negociación del marco presupuestario de los fondos europeos 2014-2020, en el nuevo reglamento de las directrices de ayudas de estado de finalidad regional y en la prórroga y modificaciones de los instrumentos específicos (Poseican, AIEM, etcétera). Con políticas de estímulo al crecimiento por parte de la Unión Europea, como propuso el presidente francés.

 

Con esas ideas afrontamos nuestra participación en la convocatoria del presidente canario. Ofrecemos diálogo y colaboración, pero siempre con la mirada puesta en las personas y en sus problemas. Desde NC pensamos que el Pacto por Canarias sólo tiene sentido si sirve, de verdad, para rectificar unas políticas que están causando enorme sufrimiento a quienes pierden el empleo o la vivienda, a los que ven reducidos sustancialmente sus ingresos y condiciones de vida; sólo tiene sentido si sienta las bases que garanticen la cohesión social, la reactivación de la economía y la generación de empleo.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.