Román Rodríguez

 

La respuesta neoliberal a la crisis económica ha supuesto la adopción de distintas medidas (drástica disminución de las inversiones públicas, agresiva reforma laboral, subidas de impuestos indirectos y del IRPF, mientras no se tocan las tasas a las grandes fortunas ni se persigue el fraude ni los paraísos fiscales; al contrario, se realiza una injusta, inaceptable y desmoralizante amnistía fiscal) que han conducido a una fuerte parálisis de la demanda, más desempleo y mayor pobreza.

 

Situación que, sin duda, se agudizará en este 2013 recién iniciado, en el que las previsiones económicas apuntan a una caída del PIB en España en torno al 1,5%; y, también, a que continuará la destrucción de empleo y el empobrecimiento de mucha gente.

 

Pero, asimismo, en este período se ha ido produciendo un proceso interesado de demonización de los servicios públicos y de sus trabajadores, con la finalidad de generar las condiciones que posibiliten la privatización de la parte rentable de los mismos. Falsificando la realidad y mostrando una sobredimensión de lo público inexistente, cuando este sector es inferior en España con relación a los países de nuestro entorno; y muy inferior, si lo comparamos, con los países que mejor funcionan, los nórdicos fundamentalmente.

 

Recortes

Esto es muy evidente en el caso de la sanidad. No sólo ha recibido brutales recortes presupuestarios en los últimos años, en España y en Canarias. Sino que, además, se han introducido medidas, como el repago sanitario en el conjunto del Estado y la exclusión del derecho a la atención sanitaria a determinados colectivos; así como las privatizaciones de hospitales y centros de salud en algunas comunidades autónomas. Todo ello apunta hacia un profundo cambio de modelo, acabando con el de la sanidad pública, universal y financiada vía impuestos, inaugurado con la Ley General de Sanidad, que situó al Estado español en la vanguardia de los sistemas sanitarios mundiales.

 

Se ha tratado, además, de instalar en la conciencia ciudadana el mito de que los asuntos de interés común se gestionan mejor desde lo privado. Y eso no está demostrado. El caso de la Banca, en España y a nivel internacional, es paradigmático: muestra que se puede hacer una pésima gestión privada y poner en riesgo su propia supervivencia, poniendo en jaque a la economía mundial. O, asimismo, el de la privatización de las empresas de agua, salpicadas de escándalos y de una auténtica vampirización de lo público en beneficio de intereses privados, de los que tenemos varios ejemplos en Canarias.

 

Otro tanto sucede en el sistema sanitario. Hace dos décadas el PP puso en marcha en la Comunidad Valenciana el denominado modelo Alzira de privatización de hospitales, que ha sido un relevante fracaso y cuyas pérdidas millonarias ha terminado sufragando la Administración pública. En fechas recientes se ha comprobado, asimismo, que el precio de la gestión privada en la Fundación Jiménez Díaz, 701 euros por paciente y año, es muy superior al de la gestión pública, 600 euros. A lo que se añade la ‘curiosidad’ de que algunos privatizadores luego aparezcan formando parte de empresas beneficiadas de sus decisiones políticas, caso del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en medio de esa impresentable puerta giratoria tan presente en la vida española.

Buen sistema

He afirmado en distintos foros que hasta ahora hemos tenido un sistema sanitario muy eficiente, que con costes moderados obtiene muy buenos resultados, comparables a los de los países más desarrollados del mundo. Con un gasto relativamente pequeño, en torno a unos 1.500 euros por ciudadano y año en España, algo menos, unos 1.200 en Canarias (si comparamos con los 2.500 euros ciudadano/año de Francia o los 2.600 de Alemania), el Sistema Nacional de Salud consigue una importante cartera de servicios, una amplia gratuidad hasta ahora y muy buenos resultados. Siendo muy influyente en parámetros como la baja mortalidad infantil o la alta esperanza de vida.

 

Uno de los grandes hitos de la democracia fue, con la aprobación de la Ley General de Sanidad, proceder a la transformación del sistema de seguridad social en un sistema nacional de salud financiado con impuestos y que beneficia a toda la población. Esa es la fórmula adecuada.

 

Ese es el planteamiento que defendemos desde Nueva Canarias. La financiación no puede centrarse en la imputación de los costes a los usuarios del servicio, como sucede con los distintos copagos o repagos (sean de medicamentos, de prótesis o de utilización de ambulancias) dado que así no se discrimina por renta, no se tienen en cuenta los mayores o menores ingresos del paciente, ni tampoco sus condiciones de salud.

 

En España y en Canarias podemos decir que tenemos una buena red hospitalaria y de centros de salud. Centros con tecnología moderna y que cuentan, además, con unos profesionales de alto nivel.

 

Hay que desmentir que la sanidad española resulte cara. Por el contrario, la sanidad pública está insuficientemente financiada, y más, desde los profundos recortes presupuestarios aplicados por el Estado y por las comunidades autónomas, también la canaria, en los últimos años; y que han perjudicado gravemente a la calidad del servicio y generado problemas a profesionales y pacientes, disparando las listas de espera y empeorando sustancialmente las condiciones laborales de sus profesionales.

 

Ello no implica dejar de reconocer ineficiencias del sistema nacional de salud. Las fundamentales se encuentran asociadas al medicamento, por el poder de la industria y su capacidad de presión sobre las decisiones políticas. Y que han comenzado a ser corregidas, caso del uso de medicamentos por principio activo (los genéricos), con mucho retraso. Siendo responsable del Servicio Canario de Salud, hace quince años incluimos en la ley de presupuestos el uso de medicamentos por principio activo; una medida que fue impugnada por el Gobierno de Aznar alegando que la Comunidad Canaria no era competente en la materia. La errónea decisión del Ejecutivo del PP hizo perder mucho tiempo en este tema; y mucho dinero a las arcas públicas, también.

 

En definitiva, se hace imprescindible defender el exitoso modelo de sanidad pública, universal y gratuita financiada mediante impuestos. Mejorando la organización, gestionando mejor, siendo más eficientes e incrementando la financiación a los niveles de los países de nuestro entorno. Y entendiendo que no se trata de un negocio, sino de un derecho, de un servicio que deben garantizar las administraciones públicas; y al que deben poder acceder los ciudadanos en condiciones de igualdad sin que sea un obstáculo el tener pocos recursos económicos o carecer de ellos.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.