Román Rodríguez

 

En los últimos meses desde Nueva Canarias nos hemos dirigido en dos ocasiones a los grupos del Parlamento canario, primero en noviembre y, más recientemente, a final de febrero, para invitarles a debatir sobre la reforma del sistema electoral. Lo hemos hecho sin propuestas previas que pudieran condicionar y dificultar ese diálogo y con la sincera voluntad política de abordar uno de los mayores problemas democráticos del Archipiélago, que tiene uno de los modelos electorales más restrictivos e injustos del mundo.

 

Hemos recibido la callada por respuesta a esa invitación al diálogo, al menos oficialmente. Aunque es cierto que distintos dirigentes del PP, del PSOE y de CC han realizado declaraciones a los medios de comunicación señalando que no es el momento, que no forma parte de las preocupaciones ciudadanas ni de sus organizaciones políticas.

 

Contrasta esta negativa con la postura mantenida en el debate de investidura de Paulino Rivero, en el que tanto CC como PP manifestaron su voluntad de abordar esta reforma; en el caso del grupo Popular condicionándola a que no supusiera incremento del gasto, circunstancia que compartimos. El PSOE no lo expresó abiertamente en esa ocasión, pero baste recordar que su grupo parlamentario ya planteó, en la pasada legislatura, una iniciativa en este mismo sentido, presentada por su entonces diputado y portavoz, Santiago Pérez, y que solicitaba, esencialmente, la reducción de las barreras electorales, situándolas en el 5%. Además, lo tiene en su programa electoral.

 

Prioridades

En Nueva Canarias conocemos perfectamente cuáles son las prioridades de la sociedad canaria en este momento, muy centradas en la economía y, de manera especial, en cómo resolver el drama del desempleo, con una Encuesta de Población Activa (EPA) que se acerca a los 400.000 desempleados en las Islas.

 

Igualmente consideramos imprescindible la defensa constante de los servicios públicos educativo y sanitario, que han sufrido las consecuencias de las políticas de recortes, promovidas, con mayor o menor entusiasmo, por los tres partidos citados, PP, PSOE Y CC, que están repercutiendo en su calidad, en los niveles de equidad social y en las condiciones de trabajo de sus profesionales.

 

Estamos convencidos, asimismo, de la necesidad urgente de dar soluciones a la creciente pobreza que padece un tercio de nuestra población, coincidiendo con los mayores niveles de desempleo de nuestra historia reciente y con el hecho de que 125.000 desempleados carezcan de prestación económica alguna. Así como con reducciones salariales que empobrecen también a una parte significativa de los que tienen empleo; una pobreza que aumenta su gravedad en el caso de los menores, como señalan los informes de Unicef.

 

A ello dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos y de nuestras propuestas parlamentarias, como hicimos recientemente con la proposición no de ley que solicitaba implantar un Plan de Choque contra la Pobreza, rechazada por los votos de los grupos que apoyan al Gobierno. Aunque en los últimos días intentan rectificar su error y parecen dispuestos a plantear medidas para apoyar a las personas que peor lo están pasando en nuestra tierra.

Pero el Parlamento de Canarias está para abordar las distintas preocupaciones ciudadanas. Sean sobre el empleo, la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, la igualdad entre mujeres y hombres, las energías renovables o la protección de nuestro patrimonio histórico o medioambiental.

 

También, como no, las referidas a la calidad democrática. Que han saltado a un primer plano por las exigencias planteadas por distintos colectivos ciudadanos. Pero también por la necesidad imperiosa de dar respuesta a la desafección ciudadana ante la política, lo que exige más transparencia y más cauces de participación. Y un elemento esencial es respetar lo que los ciudadanos y ciudadanas dicen en las urnas, garantizando los máximos niveles de pluralidad, sin que la norma electoral lo impida.

 

Y por eso pedimos el refuerzo del papel de las leyes de iniciativa popular, tantas veces ninguneadas por nuestro Parlamento, o procedimientos que posibiliten las consultas ciudadanas (referéndum). Resulta cuanto menos paradójico que el PSOE exija en el conjunto del Estado transformaciones en el sistema electoral y que luego las niegue en Canarias, Comunidad que cuenta con el más restrictivo y antidemocrático de los modelos.

 

En nuestro programa electoral para las autonómicas de 2011 incluimos el compromiso de defender en el Parlamento la reforma del sistema electoral canario. Posición que planteamos en el transcurso del debate de investidura, celebrado en junio de ese mismo año, señalando que era uno de los asuntos que deberíamos resolver en esta legislatura.

 

Déficit

Es indudable que Canarias padece un enorme déficit democrático. Que tenemos un sistema electoral que precisa de una profunda revisión y mejora. Que las actuales barreras de acceso al Parlamento, del 30% insular (que es la circunscripción en las elecciones autonómicas canarias) y del 6% archipielágico, únicas en España y en Europa, son profundamente antidemocráticas y pretenden laminar a minorías con suficiente apoyo ciudadano. Esto supuso en 2007 que el 17% de los votantes se quedaran sin representación. Nueva Canarias con 53.000 votos no pudo acceder entonces al Parlamento.

 

Baste comparar con las barreras de acceso en otras comunidades autónomas, que oscilan entre el 3 y el 5%. O recordar que para ayuntamientos y cabildos es el 5% y que para poder optar a un escaño en el Congreso de los Diputados se estipula un mínimo del 3% de votos. Asimismo, es preciso mejorar la distribución de los diputados. No es de recibo que a NC le cueste 27.000 votos un escaño y otros lo obtengan por menos de 2.000.

 

Entendemos que es preciso introducir modificaciones que posibiliten ganar en democracia, en pluralismo, en representatividad y en legitimidad democrática. Persistiremos en esa voluntad de cambio, aunque sabemos que su consecución va a depender de los grupos mayoritarios del Parlamento.

 

No podemos perder esta oportunidad ni postergar este imprescindible debate, tomando decisiones que se apliquen en los comicios canarios de 2015. De lo contrario se estará alimentando la desafección ciudadana ante la política y las instituciones que confirman los distintos estudios sociológicos. No sólo estamos ante una crisis económica sino también ante una crisis institucional y democrática de enorme envergadura, ante la que no vale mirar irresponsablemente para otro lado.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.