Román Rodríguez

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) acaba de presentar en la Cámara canaria su proposición de ley de renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos. Lo hacemos amparados en la normativa, cumpliendo con los derechos reconocidos a los canarios en los artículos 24 y 36 del nuevo Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, desde el convencimiento de que ayudará a construir una Canarias más solidaria, con mayor equidad y más inclusiva, evitando que una parte significativa de la población de las Islas viva en condiciones de pobreza y exclusión social. Situación que beneficiará al conjunto de la sociedad.

Hay muchos elementos que contribuyen a mantener unos niveles de vida dignos. Entre ellos, tener un empleo que proporcione ingresos suficientes para la persona y/o núcleo familiar. O contar con adecuados servicios públicos -educación, sanidad, atención a la dependencia- pensiones suficientes o facilidades para acceder a una vivienda. Algo que se complica mucho en Canarias, con más de un 20% de desempleo en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del pasado año, salarios bajos y precariedad laboral, y más reducidas pensiones.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias ocupa lugares de cabeza en los peores indicadores de calidad de vida de sus habitantes. El Archipiélago tiene una tasa de riesgo de pobreza que alcanza al 30,5% de su población (nueve puntos más que la media estatal), según datos de 2017, y decenas de familias a las que resulta imposible comprar o alquilar una casa. Padecemos, asimismo, elevados índices de pobreza infantil, un 41,6% de niños y niñas en riesgo, según Unicef, con consecuencias presentes y futuras.

Si hacemos caso a la tasa Arope, el indicador europeo más reconocido y utilizado para analizar los riesgos de pobreza y de exclusión social, esta alcanzó en las Islas el 40,2% en el año 2017 (segunda comunidad con el indicador más elevado), cuando en el ámbito estatal era del 26,6%, una diferencia de casi catorce puntos porcentuales.

Y los ingresos medios netos anuales por persona son de 8.863 euros frente a una media española que asciende hasta los 11.074. Llegamos a estar en el 97% de la renta per cápita media española a comienzos de siglo. Hoy estamos en el 80%, somos más pobres. Y con peor reparto de la riqueza que en el resto de las comunidades.

La pobreza, en nuestra tierra y en el conjunto del Estado, no solo afecta a quienes no tienen un trabajo. Crece el número de trabajadores y trabajadoras pobres. Y en el horizonte inmediato sufriremos también las consecuencias de la robotización, que expulsará a muchas personas en las más diversas actividades económicas.

Integración

Garantizar un mínimo de ingresos básicos es una medida económica y social, de profundas raíces éticas, que constituye un instrumento para la integración de todas las personas, de manera que dispongan para sus necesidades básicas, al tiempo que, en el caso de la población activa, se les apoya para que encuentren una salida laboral.

La renta básica no es un planteamiento nuevo. Existe ya en otras zonas de Europa. En España tienen formulaciones parecidas en Extremadura, Baleares y Navarra. El País Vasco la viene aplicando hace una década (Renta de Garantía de Ingresos), pese a disponer de indicadores económicos y sociales mucho más positivos que los canarios.

En nuestro caso, lo hemos venido reclamando en nuestras enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la comunidad canaria de 2017, 2018 y 2019; planteando, además, los ingresos presupuestarios para dar cumplimiento a la misma. La ley que hemos presentado a la Mesa de la Cámara es la primera propuesta de renta de garantía elaborada íntegramente en Canarias.

Se dirige a personas con empleo pero que, con sus ingresos, no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia. A desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar. Con el horizonte preferente del empleo como mejor fórmula de inclusión, pero consciente de que este no es posible en todos los casos. Por tanto, estará condicionada a programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario. Fuera del mercado laboral, a los pensionistas empobrecidos, especialmente los que cobran pensiones no contributivas y las mujeres, que, por distintas razones, tienen pensiones por debajo de las de los hombres. Tiene un carácter complementario. Es evaluable, para evitar fraudes y compatible con otras prestaciones.

60.000 beneficiarios

Proponemos que, a partir de su entrada en vigor, la ley se despliegue de forma progresiva en tres años, estimando al final del proceso atender a unas 60.000 unidades de convivencia, frente a las 11.000 personas actuales de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).Sus receptores recibirían, de entrada, 563 euros mensuales en doce pagas, 93 euros más que la PCI. Una cantidad que se amplía en función de los miembros de la unidad de convivencia para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas.

Para acceder a la misma se exige, como mínimo, un año de empadronamiento en el municipio en el que se solita la prestación o tres continuados de los diez anteriores en cualquier municipio de Canarias, ser mayor de 25 años y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía. Su coste global sería cercano a los 300 millones de euros, que son perfectamente sustentables con los 57 millones de euros anuales de la actual PCI y rescatando las irresponsables rebajas fiscales del Gobierno canario (215 millones), así como con recursos del Servicio Canario de Empleo, los servicios sociales y los presupuestos estatales.

Estamos convencidos de que una sociedad justa y democrática no puede dejar desamparada a una parte de su población. Hay que redistribuir mejor la riqueza que se crea en nuestra tierra. Hay que actuar para dignificar la vida de quienes hoy peor lo pasan. Hay que generar más y mejor empleo y, al mismo tiempo, establecer medidas, como la renta básica de ciudadanía, que posibiliten una vida digna a desempleados, trabajadores y trabajadoras pobres, pensionistas con ingresos raquíticos o mujeres víctimas de la violencia de género.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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