Román Rodríguez

 

Por mucho que el Gobierno de Canarias trate de embellecerlos y presentarlos como presuntos avances, dos hechos políticos recientes ahondan en la negativa y dependiente situación del Archipiélago. Por un lado, la V Conferencia de Presidentes Autonómicos, que no tomó ninguna decisión sobre la injusta financiación autonómica ni en torno a la distribución del déficit entre las distintas administraciones públicas. Por otro, las consecuencias que traerá, en forma de nuevos recortes y más centralismo, el que la Comunidad Canaria se haya acogido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Con relación a la Conferencia de Presidentes, solo sirvió para que Rajoy intentara dar una imagen de unidad entre la totalidad de las comunidades autónomas y el Gobierno central. Intentando trasladar a Europa y a los mercados que todas las administraciones están unidas frente al objetivo del déficit. Resulta lamentable que tras culpar a las comunidades autónomas de todos los males, ofreciendo al mundo una imagen falsa, éstas le respalden acríticamente para continuar con unas políticas de recortes y austeridad que solo están conduciendo a más recesión, paro y pobreza. Y que imposibilita la financiación de los servicios públicos, abriendo unas tenebrosas perspectivas para los próximos años.

No es posible interpretar, como hace el Gobierno canario, que el encuentro sirvió para desbloquear alguno de los grandes temas planteados por las CCAA. Y que, en el caso de la financiación autonómica -rubricada en 2009 por el Gobierno canario de CC y PP con el Ejecutivo de Zapatero-, está suponiendo un castigo del Estado a Canarias, al dejar a las Islas como mínimo 800 millones de euros anuales por debajo de la media estatal. El compromiso, por llamarlo de algún modo, es que ésta se evaluará en 2014. Es decir, cuando correspondía hacerlo por ley, al cumplirse cinco años de su entrada en vigor.

Respecto a la exigencia de una mejor distribución del déficit público sucede otro tanto. La conclusión es que en 2013 se podrá evaluar su distribución, hoy muy favorable al Estado frente a las Comunidades Autónomas, mientras que para estas últimas tiene el techo del 1,5%, teniendo el 37% del gasto, el Estado puede llegar hasta el 4,5%, siendo el gasto mucho menor (20%). En 2013 está distribución será del 0,7% para las CCAA y del 3,8% para el Gobierno central. Y, en el mejor de los casos, se podrá modificar a partir de 2014.

Como se puede observar de los dos grandes objetivos de las comunidades autónomas, lo conseguido es exactamente nada.

Rescate

Además, hace unos días el Gobierno de Canarias ha solicitado 756 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sumándose a otras comunidades autónomas que se han acogido al mismo. Este fondo de ‘rescate’, como es más conocido, viene a sustituir al sistema financiero por las dificultades para conseguir créditos en los mercados. Se instaura con vocación de permanencia en el tiempo, porque las perspectivas de que el mercado finan mejores son escasas, y no es en modo alguno un préstamo sin más, sino un préstamo con condiciones y con consecuencias.

 

Acudir al FLA va a suponer más recortes y más centralismo para el Archipiélago. Los 756 millones solicitados por el Ejecutivo canario tendrán un doble fin: en primer lugar, pagar los vencimientos de deuda; especialmente a la banca extranjera; y, en segundo, cumplir con el objetivo del déficit, mejorando a corto plazo la liquidez para el pago a proveedores.

Y tendrá, asimismo, como consecuencia directa un mayor intervencionismo del Ejecutivo central, controlando y, en la práctica, dirigiendo la política presupuestaria del Gobierno de CC y PSOE. Lejos de la bondad alegada por los responsables económicos del Gobierno canario, el rescate supone nuevas hipotecas para el futuro de las Islas que serán perceptibles en los presupuestos canarios de 2013.

 

De la cantidad global solicitada al FLA, unos 400 millones de euros se destinarán a garantizar el cumplimiento del déficit y otros 300 millones a amortizar la deuda. Y eso, por los nuevos ajustes, se hará a costa de los grandes servicios públicos, Educación y Sanidad, que se verán nuevamente recortados en las cuentas públicas canarias para 2013. El ‘ajuste del ajuste’ será en detrimento del gasto social y de la inversión productiva.

 

El origen del todo este problema está en la imposición de Frankfurt, Berlín y Bruselas, que en mayo de 2010 impusieron como sagrado dogma las políticas de austeridad. Posteriormente, en el verano de 2011, el PSOE y el PP, por la vía de urgencia, sin consenso político ni social, modificaron sustancialmente la Constitución, concretamente su artículo 135. Estableciendo estrictas limitaciones al déficit y la deuda pública y la priorización del pago de la deuda QUE restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica. Por tanto, se autolimita el papel del Estado frente a las crisis y la propia financiación de los servicios públicos.

 

Posteriormente, en abril de este año, y en desarrollo del modificado artículo 135 de la CE, las Cortes Generales aprobaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece un auténtico ‘estado de excepción económica’,

Déficit y deuda es lo único importante, todo lo demás se subordina. Profundizando en el deterioro de los servicios públicos, en el ahogamiento de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Y promoviendo una vuelta de tuerca centralista.

 

El Fondo de Liquidez Autonómico viene definido por un Real Decreto-ley, de 13 de julio, en el que se señala que al acogerse al mismo las CCAA “deberán realizar las modificaciones necesarias en su plan de ajuste”. Añadiendo que, incluso en el caso de tener aprobado un plan de ajuste deberán acordar con el Ministerio de Hacienda “las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos”. Como he venido señalando, además, el decreto establece controles mensuales, de manera que los hombres de Montoro entrarán hasta la cocina de la Consejería de Hacienda, aunque el Ejecutivo canario se empeñe en negarlo.

 

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No es la primera vez que el Gobierno canario hace una valoración inicial muy positiva de hechos que pronto se confirman como rotundos fracasos. Ocurrió con el nuevo modelo de financiación autonómica, vendido como un gran avance, pese a las advertencias que desde un primer momento hicimos desde Nueva Canarias, denunciando que nos colocaba muy por debajo de la media de las comunidades. Sucedió, también, con la ley de aguas canarias. Asimismo, con el Plan Canarias, el de los 2.500 millones de euros de inversión durante una década, convertidos en humo. También lo cuestionamos desde NC.

Finalmente, es evidente que este rescate va a suponer más recortes y más centralismo. A lo que se sumarán las consecuencias del próximo rescate español, que agravará más la crisis económica y deteriorará aún más las condiciones de vida de nuestra gente.

 

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.