Román Rodríguez

La defensa de la sanidad es uno de los asuntos que genera mayor unanimidad entre la población española y canaria. Por lo que supone para nuestra salud y para nuestro bienestar. Además porque somos conscientes del nivel que ha alcanzado en el Estado español, que forma parte de la vanguardia de estados del mundo que cuentan con un sistema sanitario público universal financiado con fondos públicos. Lo que posibilita que cualquiera, al margen de su condición social y económica, pueda acceder a un tratamiento o a una intervención quirúrgica de gran complejidad.

La Ley General de Sanidad impulsada por el PSOE en la etapa del ministro Ernest Lluch, a mitad de los 80, constituye, sin duda, una de las normas más importantes del período democrático. Fue la que consolidó el actual sistema universal, gratuito y financiado a través de los presupuestos generales del Estado y no a través de las cotizaciones a la seguridad social.

Canarias realizó las transferencias sanitarias a mitad de los 90 del pasado siglo y, partiendo de un absoluto atraso, dio en poco tiempo un salto sustancial. Elaboró y aprobó, en esa etapa, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias y puso en marcha el primer Plan de Salud y el de Salud Mental. Amplió plantillas, generó un potente sistema de emergencias sanitarias (061) e implementó planes de infraestructuras que triplicaron la superficie de instalaciones sanitarias, tanto en hospitales como en centros de salud. En ese período pasamos de encontrarnos a la cola de los sistemas de salud de las comunidades autónomas a situarnos por encima de la media.

 

Recortes

Pero llevamos una década de retrocesos amplificados por los recortes en los presupuestos llevados a cabo en los últimos años por los gobiernos estatal y canario y que han colocado al sistema sanitario en situación crítica. Se han detraído miles de millones de euros de la sanidad pública y se han limitado derechos e incorporado el copago. En el caso de Canarias, unos 400 millones de euros anuales. Pero no todo ha sido cuestión económica. También de dirección política, como confirma el hecho de haber aprobado recientemente el II Plan de Salud, casi dos décadas después del primero, cuando debiéramos ir por el séptimo.

En esa situación se produce la desafortunada intervención del presidente del Ejecutivo señalando que la sanidad, con más recursos que el pasado año, ofrece peores resultados. Falseó la realidad del gasto real en los dos ejercicios y metió irresponsablemente a la sanidad en la actual pugna partidista entre los dos socios del Gobierno de Canarias. Llegó hasta el extremo de suspender programas de choque en listas de espera y desconvocó a personas que estaban citadas para pruebas.

La sanidad atraviesa por dificultades. No solo en Canarias. Deben ser afrontadas desde la convicción de que se trata de un servicio público esencial que impacta en la calidad de la vida de la población. Debe constituir una prioridad para cualquier Gobierno que se vuelque en el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.

Contar con presupuestos adecuados a las necesidades del servicio es esencial. Plantear que eso quedará resuelto cuando se modifique la actual financiación autonómica no es en modo alguno realista. El nuevo modelo no comenzará a discutirse, al menos, hasta 2017 y, con toda probabilidad, no se alcanzará fácilmente un acuerdo.

Mientras tanto el Gobierno canario debe actuar. Debe aprovechar su capacidad fiscal para garantizar el servicio público sanitario y priorizar los recursos disponibles. Eso hemos planteado cuando defendimos usar parte del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE) para los servicios públicos y cuando, en el debate de la ley de crédito extraordinario, solicitamos una ampliación de 53 millones de euros para la sanidad. El Ejecutivo canario se negó en los dos casos.

Canarias y España han sido capaces de construir un sistema sanitario de enorme eficiencia. De los mejores del mundo. De los que ofrecen más y mejores prestaciones a toda la población sin mirar la cuenta corriente. Se ha conseguido con un moderado esfuerzo fiscal, situado claramente por debajo del resto de países que forman parte de nuestro entorno socioeconómico.

En el período reciente se ha reducido el personal médico y de enfermería y se han empeorado sustancialmente sus condiciones laborales. Se ha posibilitado el envejecimiento de los equipamientos y el deterioro de las infraestructuras, frenándose, además, el desarrollo de las instalaciones pendientes. Han aumentado las listas de espera. Por eso no debe sorprender que la ciudadanía coloque a Canarias a la cola de la valoración del servicio sanitario, solo por delante de la Comunidad Valenciana.

Respuestas sociales

La situación de la sanidad comienza a recibir respuestas sociales. Como la reciente y masiva manifestación en Fuerteventura. También las quejas expresadas por sus profesionales y por los sindicatos del sector. Las instituciones y, especialmente el Gobierno canario, no pueden desoír esas fundamentadas reivindicaciones.

Necesitamos que Canarias aproveche su capacidad fiscal priorizando los recursos disponibles para recuperar lo perdido en los últimos años y que la sanidad esté suficientemente financiada. Tenemos nuevos retos, como dar respuesta a las patologías asociadas a la mayor longevidad de la población canaria, impulsando la atención a domicilio y aprovechando la aportación de las nuevas tecnologías. Dando participación a profesionales y usuarios. Así como conectando eficientemente los servicios sociales con el sistema sanitario.

Es posible dar un giro a la actual situación. Con planificación y con el establecimiento de prioridades. Con la máxima profesionalidad en la gestión y disponiendo de las imprescindibles partidas presupuestarias. Recuperando un sistema que es de toda la ciudadanía y que a toda la ciudadanía beneficia. Impidiendo que los huracanes neoliberales o las peleas partidistas derrumben a este fundamental pilar del estado social que tanta equidad genera.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias. 

 

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