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Carmen Hernandez

Las organizaciones políticas que habitan en Telde comparten un relato sobre recuperar el buen nombre y el prestigio de la ciudad después de años de corrupción y despropósitos. Por eso, la diagnosis realizada con anterioridad y la planificación del trabajo a ejecutar desde mitad de 2015 nos dirigían indefectiblemente a la necesidad de atacar, de afrontar, los grandes estigmas que una nefasta gestión política había colocado al municipio. Trasladado a un lenguaje coloquial, caminaras por donde caminaras en toda Canarias, al decir que venías de Telde, los comentarios giraban siempre sobre el mismo eje: “Telde no tiene solución”.

Las lacras que hemos tenido que sufrir las y los teldenses no son ni mucho menos etéreas, sino responden a actuaciones u omisiones reales y concretas que conllevan consecuencias directas en la vida de los que habitamos esta ciudad. Ya relatábamos en el artículo de hace siete días el cambio monumental producido en las arcas públicas del Ayuntamiento, pasando de una deuda de 154 millones a los 53 de ahora, una reducción del 65% que pronto será aún mayor y que acerca al municipio a zafarse del plan de recortes que deterioró sus servicios públicos.

De la pesada mochila que arrastrábamos, otro de los lastres que hemos logrado quitarnos de encima durante los últimos cuatro años ha sido la alta litigiosidad y la enorme presión proveniente de los Tribunales de Justicia. Eran muchos los asuntos pendientes que se cernían además como una auténtica espada de Damocles sobre la Institución. La prueba fehaciente de esto es la cantidad de requerimientos que llegaban a la Alcaldía durante el primer año del mandato. Hasta tres diarios en algunas ocasiones y siempre por decenas al mes. Esto ha sufrido una reducción drástica, fiel reflejo de cómo se van ordenando todos los asuntos históricamente por resolver en el Ayuntamiento.

La representante legal del Consistorio ya no se esconde ante los requerimientos judiciales, sino al contrario, hemos actuado con una máxima, la de responder siempre a los jueces aunque sea para advertirles de que estábamos trabajando en la solución requerida.

Con este modelo riguroso, ordenado y con el interés general de los y las teldenses como faro innegociable –como no podía ser de otra forma y como siempre debió ser- hemos ido solventando los diferentes procesos que ponían en riesgo la estabilidad del Ayuntamiento, como por ejemplo el de las ya famosas parcelas P1 y P2 de La Mareta. Esos terrenos están situados en una de las zonas comerciales de mayor valor de toda Gran Canaria. Las parcelas llevaban empantanadas en los juzgados más de una década, sin que el Ayuntamiento pudiera disponer de ellas y sin que el concesionario original desarrollara el proyecto establecido –con la consiguiente generación de empleo- ni tampoco pagara el canon preceptivo recogido en el contrato. Para más inri, el empresario, sin mover una piedra ni realizar inversión alguna, reclamaba al Ayuntamiento una indemnización de 40 millones de euros, que desde luegohubieran salido de los bolsillos de todas y todos los residentes de Telde.

La labor jurídica que se ha llevado a cabo de forma titánica hace que hoy, definitivamente, esas parcelas tan cotizadas sean nuevamente de las y los teldenses, además de que un juez nos haya dado la razón para no tener que abonar esos 40 millones, lo que hubiera supuesto la quiebra total de las arcas municipales. Por último, estamos reclamando a ese empresario 6,2millones de euros por no haber respetado el acuerdo y no haber pagado el canon por la concesión.

Otro de los temas capitales que se han afrontado en sede judicial es el del pago de sentencias firmes por procesos expropiatorios, algunos que se arrastraban desde hace décadas. Después de que el TSJC rechazará el plan de pagos del Gobierno anterior (2011-2015) que pretendía afrontarlo durante 30 años, en este mandato presentamos un plan a 8 años, que el Alto Tribunal canario aprobó, para comprobar después que no solo lo cumplíamos religiosamente sino que hemos logrado liquidar esos 34 millones, a 31 de diciembre de 2018, en solo 3 años. Este esfuerzo ha tenido importantes repercusiones positivas, como parar la enorme y millonaria sangría de intereses, caminar ostensiblemente en el saneamiento económico del Consistorio, hacerjusticia con los expropiados que llevaban un mundo esperando y fortalecer el prestigio de nuestra ciudad ante los Tribunales y ante otras instituciones. La imagen que del municipio tenían los empleados públicos de la Administración de Justicia fue cambiando con cada paso dado.

Desde luego, y al amparo legal de terceros, las decisiones de cualquier administración pública siempre pueden ser cuestionadas y llevadas al juzgado en la legítima defensa de sus intereses, ya sea por un ciudadano de a pie o por cualquier persona jurídica. Una vez en sede judicial, los profesionales de la magistratura decidirán a quién le asiste la razón, incluso cuando la defensa jurídica puede haber sido la correcta. Pero en el camino desde 2015 han quedado demandas de empresas –alguna cercana a los 10 millones- en las que salimos de los pleitos haciendo valer nuestra postura, así como en multitud de reclamacionespatrimoniales de personas que, en muchos casos, vieron una especie de barra libre de dinero público ante la mala o inexistente defensa jurídica del Ayuntamiento. Eso ya se ha acabado y este tipo de reclamaciones han menguado en número de manera rotunda.

El ámbito judicial, con respecto a las administraciones, está fuertemente relacionado con el aspecto económico como muestra lo explicado, y otra prueba de ello son los más de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Telde gastaba cada año en decenas de abogados externos, que en algunos casos no hacían correctamente su trabajo –que no se fiscalizaba por parte municipal- o directamente ni se personaban. Ver para creer.

Recientemente hemos sacado el concurso para la defensa jurídica del Ayuntamiento. Ese concurso, por descontado público y abierto, hace que desde diciembre tres despachos –uno para la jurisdicción contencioso-administrativa, otro para la social-laboral y otro para la civil penal y mercantil- defiendan los litigios del Ayuntamiento, con un coste anual de 98.448,07 euros en total. De pagar 600.000 a menos de 100.000 euros, lo que supone un ahorro de medio millón de euros. Creo honestamente que sobran las palabras.

Una última consideración. Lo ya relatado tiene una influencia directa en la calidad de vida de las y los teldenses, pues el ahorro que supone todo esto puede ser utilizado para mejorarlos servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Pero es que además, y volviendo al comienzo de este texto, tanto en encuentros fortuitos como en conversaciones más formales, lo que nos trasladan los agentes judiciales de distintas esferas es que su imagen de Telde es ya otra, reconociendo el cambio de tendencia y la voluntad férrea de nuestro Ayuntamiento de obrar de manera honesta, seria y responsable.

Carmen Hernández, alcaldesa de Telde y presidenta local de Nueva Canarias.

@CarmenHdezNC

 

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