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Román Rodríguez

El turismo bate todos los años récords en el mundo. Cada vez más personas viajan a otros lugares para disfrutar de su tiempo libre: 1.235 millones lo hicieron en 2016 (un 3,9% más que en 2015), según la Organización Mundial del Turismo (OMT); y se estima que la cifra puede elevarse hasta 1.800 millones en 2030. Su peso es creciente en el conjunto de la economía. Se calcula que la actividad ya supera el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

La riqueza y el empleo que genera el turismo son esenciales en España y, de forma especial, en comunidades como Canarias, en la que representa casi un tercio de su PIB y más de un tercio del empleo. La tendencia es continuar en esa línea, un crecimiento al que ha ayudado la bajada de los precios del petróleo, la expansión de los vuelos de bajo coste y la crisis de seguridad en varios países receptores. Pero es preciso corregir algunas disfunciones, que lo pueden hacer morir de éxito, defendiendo un modelo que apueste por la cualificación, por la renovación, por la diversificación, por la formación de sus trabajadores y trabajadoras y por un empleo de calidad. Duradero. Sostenible.

El turismo de masas está suponiendo graves problemas en algunos de sus destinos más preciados. Sucede en ciudades europeas como Venecia, Ámsterdam, Barcelona y Berlín. Sometidas a un intenso proceso de encarecimiento de las viviendas, pérdida de identidad de sus barrios, desestructuración del tejido social y desplazamiento de su población.

Conscientes de esa situación sus ayuntamientos y gobiernos comienzan a tomar decisiones para hacer frente a una degradación que afecta a la propia convivencia. Ámsterdam, limita a dos los meses que se puede colocar una vivienda en régimen de alquiler vacacional; similar medida que la de Londres que lo restringe a un máximo de 90 días al año. Barcelona, negocia con las plataformas que dirigen esa modalidad e intenta acabar con las más de 6.000 casas ilegales que ofertan las plataformas e intenta ejercer una gobernanza del turismo. Venecia, regula el número de visitantes que pueden estar en su casco histórico.

 

Beneficios y problemas
Cualquier sector económico tiene sus niveles de contaminación, sus efectos perversos y secundarios. Ocurre en el caso de la industria y de la agricultura. El turismo no iba a ser ajeno: junto a sus indudables beneficios plantea una serie de problemas de mayor o menor magnitud.

En un artículo reciente, el escritor Julio Llamazares habla del riesgo de que el turismo se convierta en la “última plaga de la humanidad” y señalaba que “el problema de la gentrificación y del exceso de turistas” empieza a afectar también a las poblaciones residentes, “que ven como sus ciudades se vuelven cada vez más caras y prácticamente invivibles, lo que las empuja hacia al extrarradio o hacia la locura, tal es el ruido y la aglomeración de gente”.
La responsabilidad de los gobiernos es proceder a una adecuada regulación para salvar la actividad turística profesional, evitando la competencia desleal y que la masificación acabe por degradar estos destinos y que dejen de ser sostenibles y apreciables por sus visitantes. Así como que no se genere una turismofobia por parte de las poblaciones locales que padecen sus inconvenientes y en muchas ocasiones no visualizan los beneficios para la mayoría, para el conjunto de la sociedad, de esta actividad económica.

 

Viviendas y convivencia
La masificación creciente y modalidades como el alquiler vacacional desregulado causan distorsiones que afectan al alquiler de viviendas y a la calidad de vida de los residentes. En Barcelona, el turismo aparece ya como el principal problema para sus ciudadanos y ciudadanas, por encima del desempleo y las condiciones laborales o el tráfico, como refleja el Barómetro semestral que elabora su corporación municipal.

Otro ejemplo es Baleares, donde docentes y profesionales de la salud tienen enormes dificultades para encontrar dónde residir cuando se les traslada a hospitales y centros educativos, especialmente en Ibiza o Formentera. Lugares donde se pueden encontrar carísimos pisos patera y hasta furgonetas/residencia, como denunciaba recientemente un reportaje televisivo, en los que sus trabajadores y trabajadoras tienen que destinar la mayor parte de su salario a alquileres en condiciones indignas.

Pero esa lamentable situación ya se da en islas como Lanzarote o Fuerteventura, y se inicia en Gran Canaria y Tenerife. Proseguirá su camino ascendente si no se procede a tomar medidas reguladoras. El alquiler vacacional acoge ya casi al 9% de las personas que nos visitan.

Canarias cuenta con competencias exclusivas en materia turística. Pese a ello y a la magnitud de un fenómeno que comienza a desbordarse, en dos años de legislatura el Gobierno de Clavijo no ha hecho nada al respecto.

A los profesionales del turismo se les exige calidad edificatoria, ecoeficiencia, condiciones de seguridad en sus instalaciones, calidad en el empleo, como sucede con las justas reivindicaciones de las camareras de piso... Y, en paralelo, se hace la vista gorda ante un sector que realiza una actividad económica que no está sujeta a control alguno, que no paga impuestos ni contribuye a generar empleo y que compite con el profesional, deteriora el destino y dispara los precios de los alquileres.

Considero que el Ejecutivo de CC está obligado a responder, tanto a la masificación y sus riesgos como ante el negocio turístico del alquiler vacacional, aprobando una normativa específica con rango de ley. Aunque la solución no es sencilla, debe hacerlo buscando el mayor consenso posible de las partes implicadas. Regulándolo, no permitiéndolo en suelo turístico ni en zonas que dificulten la convivencia vecinal de los residentes; y evitando efectos perversos sobre el alquiler residencial.

Desde la nítida prevalencia del interés general. Para que el turismo tenga presente y futuro y contribuya a mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Canarias y no a degradarlas.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

 

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