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23 de marzo de 2019

 

roman-rodriguezRomán Rodríguez indica que los residentes y trabajadores son expulsados de las zonas urbanas y áreas turísticas por el desorbitado aumento del alquiler

Nueva Canarias (NC) considera “obligado” regular el alquiler vacacional como han hecho todas las comunidades del Estado mediante leyes o decretos, en algunos casos muy estrictos, excepto Canarias por la inacción del Gobierno. El portavoz parlamentario, Román Rodríguez, advirtió de que los grandes perjudicados son los residentes y trabajadores, que seguirán siendo expulsados de sus lugares de residencia por el desorbitado incremento de los precios de los alquileres en las zonas turísticas y en los núcleos urbanos, lo que “conculca el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”. Explicó que el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) considera “ajustado” al derecho comunitario y español el “núcleo duro” de la propuesta legislativa aplazada mientras que los preceptos inconstitucionales están relacionados con la ley de arrendamiento y propiedad horizontal. El grupo nacionalista avisó a los propietarios de apartamentos que, sin esta regulación, su situación es la misma que antes ya que las limitaciones al alquiler vacacional en el sector turístico “se perpetúan” al estar recogidas en la legislación turística en vigor. El grupo nacionalista denunció que la campaña promovida contra la reforma de la ley turística está llena de falsedades.

La decisión del Parlamento de dejar para la próxima legislatura la reforma de la ley de renovación turística, que incluía el alquiler vacacional, tiene dos vertientes diferenciadas para NC, una positiva y la segunda, más preocupante. En relación a la primera, Román Rodríguez observó que, con la modificación legislativa, se iban a “eliminar todas” las limitaciones a la construcción de nuevas plazas alojativas turísticas, que los nacionalistas progresistas rechazan.

La preocupación, según Román Rodríguez, se deriva de dejar a Canarias, como la única comunidad del Estado sin normativa propia del alquiler vacacional por la inacción del Ejecutivo cuando es competente en la materia además de que el Tribunal Supremo anulara los preceptos fundamentales del decreto de 2015.

El portavoz nacionalista adviritó de que los “grandes perjudicados” son los residentes y trabajadores. “Seguirán siendo expulsados”, denunció, de las zonas de residencia por el “desorbitado” aumento de los precios de los alquileres en las zonas turísticas y núcleos urbanos, “conculcando el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”. Un problema que se agrava doblemente por la ausencia de política en materia de vivienda en el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo.

La decisión de dejar sin tramitar la ley “no mejora” la situación de los propietarios de apartamentos, tal y como avisó. “Van a seguir teniendo las mismas limitaciones” al alquiler vacacional en el sector turístico “porque están contenidas” en la ley sectorial en vigor, advirtió.

Con respecto al dictamen del CCC, Román Rodríguez aseguró que ha sido un “pretexto”. Se ha dicho que el órgano consultivo declaraba inconstitucional la normativa sobre el alquiler vacacional cuando, “en absoluto, es así”. El dictamen considera “ajustado” al derecho comunitario y español el “núcleo duro” de la regulación propuesta y señala que cumple con la sentencia del Supremo.

Los preceptos que el CCC afirma que son inconstitucionales “no alteraban lo fundamental” de la propuesta y afectaban a la ley estatal de arrendamientos urbanos y a la de propiedad horizontal, manifestó el portavoz de NC.


 
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