Esther González cree prioritario eliminar la cláusula lesiva para Canarias del convenio de carreteras

Nueva Canarias avisa que la opción de un nuevo acuerdo con el Estado tras 2027 deja la solución en manos de los gobiernos resultantes de las próximas citas electorales.

La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, dijo hoy que lo prioritario para el Archipiélago es eliminar la cláusula lesiva del convenio de carreteras en vigor, suscrito por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, que obliga al Gobierno de Canarias a asumir el sobrecoste de las obras del anexo valoradas en más de 4.000 millones de euros. La parlamentaria de NC observó que el mantenimiento de esta disposición implica un incumplimiento del fuero además de que la opción de un nuevo acuerdo a partir de 2027 deja la solución en manos de los gobiernos resultantes de las dos próximas citas electorales.  

La voluntad de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para suscribir un nuevo acuerdo en esta materia, que incluya los sobrecostes del actual y con la previsión de su entrada en vigor el 1 de enero de 2028; “no es lo que necesita” la comunidad “en este momento” ya que deja “sin resolver la más que preocupante” situación, “otro de los desaguisados” heredados del Ejecutivo de Clavijo.

La “prioridad”, mantuvo Esther González, es que “se elimine” la cláusula lesiva del convenio en vigor de 2018 a 2027, que obliga al Ejecutivo canario a asumir el exceso, sin que las obras incluidas en el anexo, 69 proyectos, “puedan ser objeto de un convenio posterior”, advirtió.

De mantenerse esa disposición, avisó que se incumplirá el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto que obliga a la administración estatal a financiar las obras de interés general, como estas carreteras. Además de que Canarias quedará hipotecada ya que “en ningún caso” podrá asumir un exceso de más de 4.000 millones de euros

La portavoz económica del grupo canarista progresista indicó que el planteamiento de la ministra Sánchez supone dejar la solución de esta “ineptitud” política en manos de los gobiernos estatal y canario resultantes de las dos próximas elecciones.

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